El Consejo de Ministros ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional "un conflicto positivo de competencias" a Andalucía por la convocatoria de 2.389 plazas para cuerpos docentes no universitarios que la Junta aprobó el pasado 13 de febrero. Según indica el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros de este viernes, el número de plazas convocadas "contraviene las limitaciones que, con carácter básico, y por tanto vinculantes para las comunidades autónomas, estableció el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011", que prohibía la incorporación de nuevo personal, salvo excepciones en servicios esenciales, y la "posibilidad de incorporar personal docente", fijando en un 10% la tasa de reposición de efectivos en el sector educativo.

Según indica el Gobierno, dicho real decreto ley desplaza cualquier convocatoria autonómica anterior y obliga a las aprobadas con fecha posterior a adaptarse a lo que establece, lo que, dicen, no ocurre con la convocatoria andaluza, que queda por tanto suspendida. El Ejecutivo añade que dicha impugnación cuenta con un dictamen favorable del Consejo de Estado, que estableció el pasado 12 de abril que dicha orden autonómica "no respeta los límites impuestos en el Real Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo Público para 2012, al establecerse una tasa de reposición del 30 por 100 de efectivos" y concluye que, por ello, la citada orden andaluza "adolece de inconstitucionalidad al ignorar la legislación básica aplicable a todas las Administraciones públicas para el citado ejercicio".

La Junta lamenta la "deslealtad institucional" por el recurso a las oposiciones

La Junta de Andalucía ha acusado al Gobierno central de actuar con "deslealtad institucional" por la denuncia presentada ante el Tribunal Constitucional por la convocatoria de oposiciones para profesores y ha lamentado el "daño" ocasionado a la comunidad y a los más de 33.000 aspirantes. En un comunicado, la Consejería de Educación ha asegurado que ha conocido a través de los medios de comunicación la medida acordada por el Gobierno central y ha indicado que la ha adoptado "sin comunicación alguna ni requerimiento previo a la Administración autonómica".

Según la Junta, el Gobierno central disponía desde el pasado 9 de enero, fecha de la publicación del decreto que aprobó la oferta pública de empleo, para recurrir "pero ha esperado a agotar todos los plazos posibles, dejando transcurrir cuatro meses". Esta decisión supone "un grave perjuicio" para los opositores que aspiran a las 2.389 plazas convocadas por la Consejería de Educación, señala el comunicado. Además, la Junta señala que el Gobierno central ha elegido la vía del Tribunal Constitucional, que paraliza el proceso, "lo que supone la opción más perjudicial para los 33.154 aspirantes, a los que la Consejería de Educación muestra su total apoyo". La Consejería de Educación asegura que en todo momento ha mantenido informado al Ministerio de Educación, sí como al de Hacienda y Administraciones Públicas del proceso.