El Gobierno andaluz aprobó ayer el Decreto-Ley de Medidas Urgentes en Farmacia (modificación de la Ley de Farmacia) que, tras su próxima convalidación parlamentaria, abrirá la puerta en España a la adjudicación del suministro de medicamentos de uso extrahospitalario por convocatoria pública. La consejera de Salud, María Jesús Montero, explicó ayer las líneas generales del decreto, que tendrá una norma de desarrollo posterior y con el que el SAS prevé convocar en enero la primera de las denominadas subastas de medicamentos, empezando por los más consumidos: protectores gástricos, estatinas e inhibidores de la agregación plaquetaria. La sanidad autonómica gasta anualmente unos 235,5 millones de euros sólo en estos tres subgrupos terapéuticos. Mediante la convocatoria abierta del suministro a los laboratorios fabricantes, al precio menor que fija el Ministerio de Sanidad, la Junta espera beneficiarse de bonificaciones de la industria por volumen de compra de entre 40 y 200 millones de euros, en función del grado de desarrollo de este tipo de iniciativas. Ese ahorro será uno de los puntales del planteamiento de consolidación fiscal de la Junta, que debe reconducir el déficit público al 3% del PIB en 2013.

Montero explicó que estas convocatorias de medicamentos son "un paso más" en la exploración de ahorros en el gasto farmacéutico público, que supone en Andalucía unos 2.500 millones de euros anuales. Una vez lograda la implantación de la receta sin marca (que ya supone un 88% del total de recetas de los centros de salud del SAS), que ha permitido que las farmacias sirvan la presentación comercial más barata del medicamento prescrito (principio activo), Salud cree que aún hay terreno que ganar y, con las subastas, se queda con el beneficio que hasta ahora obtenían los farmacéuticos de la negociación con sus proveedores para identificar una marca concreta y no otra. A partir de ahora, será la licitación pública el mecanismo que identificará esa marca.

Aunque la normativa aprobada ayer no toca los márgenes legales de negocio ni, técnicamente, el precio del medicamento, la iniciativa, desde que se empezó a plantear hace más de un año, ha contado con la oposición frontal de los colegios de farmacéuticos y las patronales de la distribución y de los laboratorios, que en diferentes ocasiones se han pronunciado en contra por considerar que la medida rompe la unidad de mercado y pone en riesgo la equidad en el acceso de la ciudadanía a los medicamentos.

El decreto-ley contiene, además, una medida de protección para las farmacias de pueblos pequeños, que podrían quedar en peligro por la merma de ingresos resultante de aplicar la iniciativa: se destinará el 10% del montante cada concurso a un fondo de ayudas para el acceso de la población a la atención farmacéutica, que se concretará en la norma de desarrollo del decreto-ley.