Legislación

Olivar con futuro

  • La futura Ley y la creación del 'lobby' apuntalan el sector.En septiembre, el Parlamento dio luz verde a la normativa que persigue retos como la generación de una mayor competitividad y sostenibilidad.

El sector olivarero ve un rayo de esperanza en su futuro gracias a las apuestas que se están efectuando desde la Administración regional. El primer paso, y el más importante, dio sus frutos el pasado 28 de septiembre con la aprobación, por parte del Parlamento andaluz, de la Ley del Olivar, una norma pionera en Europa que "establece un marco normativo completo y los instrumentos necesarios para afrontar con éxito los retos futuros y consolidar el liderazgo mundial del sector", como manifestó la consejera de Agricultura y Pesca Clara Aguilera después de que el Parlamento diera luz verde a la normativa.

El 'sí' a la Ley se produjo tras ocho meses de debate en los que participaron algunos de los principales implicados en el tema: organizaciones profesionales agrarias; representantes de colectivos, entidades y grupos políticos; y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca). Todos ellos son conscientes de la importancia de un sector que produce el 40% del total de aceite de oliva mundial y el 20% de aceituna de mesa, además de exportar el 70% del aceite de oliva español y el 21% del óleo que se genera a nivel internacional.

Este cultivo emblemático de la agricultura andaluza lleva años aquejado de un continuo descenso de precios en origen del aceite y de la aceituna de mesa y por la falta de instrumentos de regulación de mercados. La escasa modernización de las estructuras es otro de los puntos flacos del sector, y el marco normativo pretende solventar estos problemas y garantizar un mayor apoyo público para reequilibrar las ayudas desde las distintas administraciones públicas.  En palabras de la consejera, esta  "Ley territorial" se basa en el "fomento". Promoción, reconocimiento por parte de la sociedad y, sobre todo, competitividad y sostenibilidad,  son algunos de los retos que pretende superar la normativa para reorientar la oleicultura hacia las principales demandas del mercado.  Tendrán prioridad las actuaciones de reestructuración de los cultivos tradicionales con vistas a modernizar aquellos más productivos. Se fomentará el regadío primando la eficiencia de los recursos hídricos, tal y como dicta la Ley de Aguas y los Planes Hidrológicos de Cuencas, y se apostará por energías renovables tanto en las fincas como en la industria de transformación, favoreciendo el uso de los subproductos de origen residual (por ejemplo, la generación de biomasa para producir energía). El  I+D será otro de los segmentos a explotar mediante el fortalecimiento de las ayudas para investigación encaminadas a una mayor calidad de los productos. Además se fomentará la certificación de los procesos productivos de la industria, el refuerzo de la trazabilidad y una mejora de la información a los consumidores. 

En otro orden de cosas se implementarán políticas de diversificación que permitan un mejor aprovechamiento de las explotaciones, generando un mayor valor añadido dentro de la comarca en la que se desarrolle la actividad.  Se promoverá la tutela del patrimonio olivarero y la cultura del aceite con medidas que apoyen la protección, conservación y uso del territorio productivo desde puntos de vista como la sostenibilidad del entorno, el paisaje, la etnología, o  los rasgos arqueológicos ligados al olivar. La Ley tampoco olvida a los trabajadores y a los productores. Pretende profesionalizar el sector, generando un empleo de calidad e igualitario e impulsar  la vertebración y organización del sector a través de la concentración.

El principal instrumento de aplicación de todas estas estrategias será el Plan Director del Olivar, que además delimitará los territorios del olivar (aquellos espacios más determinantes en la producción, es decir, las zonas de aplicación de la Ley). El texto que se elaborará en un plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la Ley y que contará con una validez de seis años. E l Consejo Andaluz del Olivar (integrado por 20 miembros) será el órgano encargado de informar del Plan y sus modificaciones. Su constitución se llevará a cabo en un plazo de nueve meses tras la entrada en vigor de la Ley, el pasado 7 de octubre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Para hacer realidad todas estas medidas la Junta, a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, está promoviendo un lobby de regiones olivareras en la UE. En una reunión con el secretario general de la Asociación de las Regiones Europeas Hortofrutícolas, Jacques Dasque, defendió una mayor unión para defender los intereses estratégicos del olivar. Y es que si la nueva PAC sigue su curso con la aplicación de la tasa por hectárea, los olivareros andaluces saldrían perjudicados y perderían al menos la mitad de las ayudas que reciben actualmente (500 euros/hectárea). El pasado 21 de octubre Aguilera se reunió con el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, y le instó a que la PAC tenga en cuenta la perspectiva regional en las ayudas directas. Además valoró negativamente que el 30% de las mismas dependa de medidas ambientales.   Durante el encuentro la consejera le hizo entrega a Ciolos de una investigación exhaustiva del sector oleícola andaluz y  acordaron participar de manera conjunta  en el desarrollo de la Ley del Olivar.

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