La Junta censura cartas electorales a dependientes

  • La Diputación de Granada envía más de 6.000 misivas alertando de recortes

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La Junta de Andalucía denunció ayer la "utilización torticera" que, en plena campaña electoral del 25M, está realizando la Diputación de Granada sobre las últimas medidas que precisamente ha adoptado el Gobierno central sobre la Ley de Dependencia.

En concreto, la Consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, acompañada de la delegada, Magdalena Sánchez, censuró ayer que la institución provincial haya mandado 6.000 cartas a las personas que había demandado asistencia a los servicios sociales porque son usuarios o tienen un familiar reconocido de Grado I nivel 2, la prestación que se suprimió el pasado mes de diciembre.

En la carta, que Sánchez asegura que se ha enviado tanto a usuario de Grado I nivel 2 como a usuarios de Grado II o III, se dice textualmente: "Me dirijo a usted para informarle que los Servicios Sociales Comunitarios dependientes de la Diputación de Granada y de esta provincia no han podido realizar los PIAS(Programa Individual de Atención) correspondientes con las personas con resolución de Dependencia Grado 1 Nivel 2, debido a las instrucciones dadas por el Departamento de Coordinación de la Dependencia de la Delegación Provincial para Igualdad y Bienestar Social de Granada de la Junta de Andalucía".

La misiva continúa afirmando que según estas instrucciones "no se pueden elaborar ni tramitar hasta tanto la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social publique en BOJA la Orden por la cual se desarrolla dicho grado y nivel en nuestra Comunidad Autónoma".

La delegada afirmó ayer que la carta está creando mucha intranquilidad entre los usuarios, tanto en tres los 9.000 que pueden verse afectados en Granada por esa medida como otros de otros grados que se asustan innecesariamente.

La consejera también señaló que la Junta de Andalucía ha concedido ya cerca de 265.000 prestaciones a más de 195.000 personas en situación de dependencia, el 58 % de ellas relacionadas con los servicios y el resto con ayudas económicas para cuidados familiares, según la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.

Navarro, quien informó ayer en Granada sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia, señaló que el 52% de las personas en situación de dependencia que reciben una prestación de teleasistencia en España residen en Andalucía, porcentaje que en el caso del servicio de ayuda a domicilio se sitúa en el 43% del país.

Estos datos sitúan a Andalucía, según la consejera, a la cabeza de las comunidades autónomas en la aplicación de la dependencia, al aglutinar en torno al 30% de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias de España.

La ayuda a domicilio se presta entre 30 y 90 horas al mes, según los grados y niveles de la dependencia de la persona beneficiaria.

La puesta en marcha de este servicio permite crear entre 40 y 60 puestos de trabajo en un municipio andaluz con una población media de 10.000 a 15.000 habitantes.

Según la Junta, la mitad de los 17.000 empleos que ha generado en Andalucía se han creado en municipios con menos de 20.000 habitantes.

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