Los rectores de las diez universidades públicas andaluzas emitieron ayer una queja unánime en contra de la congelación de facto del presupuesto universitario que sólo experimentará en 2017 un aumento del 1,06%, mientras en otras consejerías lo hará hasta en un 14%. Los rectores subrayan su "inquietud" y demandan al Gobierno que preside Susana Díaz un "compromiso claro" que vaya "más allá de las palabras".

La Junta de Andalucía contempla 1.469,6 millones de euros para las diez universidades públicas en 2017, sólo 15 millones más que en este ejercicio. Esta asignación se produce después de encajar un recorte del 10% en los últimos siete años, de acuerdo con el cálculo de las instituciones académicas.

En un comunicado conjunto hecho público ayer tarde, los rectores recuerdan que este presupuesto únicamente representa el 0,97% del producto interior bruto (PIB), un porcentaje todavía muy alejado de la media nacional, que se sitúa en el 1,3%. 

"Es preocupante que las universidades no tengan la misma consideración que el resto del sistema educativo público", señalan en el escrito, difundido después de una reunión celebrada en la Universidad de Cádiz, donde aluden a la Consejería de Educación que sí verá incrementados sus recursos un 3,8%. Se da la circunstancia de que este departamento que dirige la consejera Adelaida de la Calle no es el responsable de las instituciones universitarias, que están encuadradas en la Consejería de Economía y Conocimiento.

Los rectores insisten en que la "merma" presupuestaria afecta "directamente a la calidad", al tiempo que subrayan que cerca de 250.000 alumnos estudian en las universidades de Andalucía, que también cuentan con 30.000 personas dedicadas a la investigación científica, que son, precisamente los que han sufrido el grueso del recorte.

Las universidades públicas andaluzas justifican su crítica abierta al presupuesto de la Junta de 2017 en su "obligación de rendir cuentas a la sociedad". Consideran imprescindible "compartir" su "profunda preocupación ante las dificultades a las que nos enfrentamos desde hace ya algunos años para seguir manteniendo la calidad".

Junto a la crítica de cariz más político, las autoridades académicas reivindican cambios técnicos que les proporcionen oxígeno en su gestión. En este sentido, demandan que se habiliten las transferencias de investigación no ejecutadas y bloqueadas desde hace más de una década. Para encauzarlas, proponen una solución similar a la que se ha articulado para diputaciones y ayuntamientos. Esta petición implica activar fondos paralizados desde hace años porque si se ejecutan cuentan como gasto y, por tanto, ponen en riesgo la estabilidad presupuestaria de las instituciones académicas y los compromisos de reducción del déficit. También exigen a la Junta que liquide la deuda pendiente y garantice el desarrollo de políticas activas de investigación. 

Los rectores piden que se abra "un periodo de análisis conjunto" orientado a garantizar la sostenibilidad y equidad del sistema universitario, al tiempo que expresan su interés en que el nuevo modelo de financiación garantice los desequilibrios producidos por el anterior.