Los sanitarios reclaman un nuevo cómputo de las 2,5 horas adicionales

  • Los sindicatos de médicos, enfermeros y auxiliares aspiran a cumplir la jornada no presencial como en la Administración General

Varios médicos en un quirófano. Varios médicos en un quirófano.

Varios médicos en un quirófano. / A. Domínguez

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Los sindicatos profesionales independientes de sanidad, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato de Enfermería de Sevilla (Satse) y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (USAE) anunciaron este martes medidas contra la "discriminación flagrante" del decreto de las 37,5 horas de la Junta de Andalucía para la jornada laboral de los empleados públicos. Su intención última es que la Consejería de Hacienda y Administración Pública modifique el documento "para que pueda ser consensuado en la mesa sectorial".

El presidente del SMA, Rafael Carrasco, cree que "después de los años de crisis y recortes, el documento vuelve a hurgar en la herida que lleva abierta hace años". Por su parte, el secretario general del Satse, Francisco Muñoz, asegura que desde 2012 hay "una afrenta en el sector que sirve de excusa para hacer caja con los sanitarios", pero que "la regulación de la jornada ha sido la gota que ha colmado el vaso", máxime cuando ello deriva en "problemas de organización de los servicios, recortes adicionales en retribuciones complementarias y en recortes del sector sanitario".

Con respecto a la plasmación de las 2,5 horas semanales no presenciales en la Sanidad Pública según el nuevo decreto de las 37,5 horas, todos los sindicatos están de acuerdo en que estas medidas son "altamente discriminatorias" y que hay algunas cuestiones "incomprensibles" reflejadas a nivel general, pero no específicamente en el ámbito sanitario. La coordinadora de organización de USAE, Araceli Marín, cree que existe "discriminación" porque "esas horas no presenciales no van a costar lo mismo a un sanitario que a otro profesional".

Por todo ello, los sindicatos han enviado un escrito solicitando a la consejera de Salud, Marina Álvarez, y a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, para que "cese la citada discriminación" y se redacte un nuevo documento "sin discriminaciones entre colectivos y no existan diferencias más allá de las que se derivan de su actividad o categoría profesional".

También exigen a la Junta que, en cualquier caso, se admita que las actividades que pueden servir a un empleado público de los sectores de Administración General e instrumental para justificar 2,5 horas semanales de trabajo, sean también de aplicación al personal del sector sanitario. Asimismo, con analogía a los contenidos de la formación continuada valorada para los sectores de Administración General e instrumental, solicitan que se admita la formación acreditada bien por las Universidades o por la Comisión de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias.

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