Un profesor de Cádiz acepta 4 años y medio por abusar de 7 alumnas

  • La pena del condenado se reduce gracias a una sentencia pactada por las partes y aceptada por los padres para evitar que las niñas declaren en el juicio

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Benjamín Lora Graván, casado y con tres hijos y vecino de El Puerto de Santa María (Cádiz), aceptó ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz una pena de un año y medio de prisión por cada uno de los siete delitos de abusos sexuales que cometió contra alumnas del colegio portuense en el que era profesor en el curso 2005-06. La condena suma diez años y medio de prisión, pero en aplicación de una medida legal (el triple de la pena más alta cuando son varios delitos) el procesado tendrá una pena real de cuatro años y seis meses.

El condenado se declaró inocente durante la instrucción del procedimiento y se encuentra en libertad, situación en la que ha permanecido en espera de la celebración del juicio. Ahora, una vez que el juez elabore y notifique la sentencia de conformidad, ingresará en prisión para cumplir la condena. Al aceptar que cometió los delitos y la sentencia pactada, el procesado evitó ayer la vista oral, en la que iban a prestar declaración las menores que sufrieron los abusos.

La sentencia de conformidad ha supuesto una sensible rebaja respecto a la solicitud provisional del fiscal, que reclamaba tres años de prisión por cada uno de los siete delitos de abusos sexuales. La acusación particular, ejercida por los padres de cinco de las siete menores, solicitaba cuatro años de prisión por cada delito.

Los padres de las víctimas accedieron a pactar la sentencia porque, según explicaron, quisieron evitar que las menores declarasen en el juicio y sufriesen así un perjuicio añadido al que les ha provocado ser víctimas de un pederasta que se aprovechaba de su condición de profesor para cometer los delitos.

Antes de acceder al pacto, los padres intentaron que las menores declarasen en el juicio mediante videoconferencia, pero se toparon con que los Juzgados de lo Penal de Cádiz carecen de medios que permitan esa posibilidad.

Además de la pena de prisión, la sentencia condena al procesado a indemnizar con 9.000 euros a cada una de las siete víctimas de los abusos sexuales.

El condenado se ha beneficiado de dos atenuantes que serán recogidas por la sentencia de conformidad: una de alteración psíquica (según un informe pericial padece un trastorno de personalidad) y otra de restitución del daño (porque antes del juicio abonó la indemnización a cinco de las víctimas).

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