El negocio inmobiliario de la deuda histórica será de 3.144 viviendas libres

  • Las 330 hectáreas que el Gobierno traspasará a la Junta acogerán 4.406 viviendas, de las que sólo 1.262 serán VPO · Martínez Aguayo insiste en que el dinero revertirá en el déficit de sanidad y educación

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La dimensión del negocio inmobiliario a cuenta de la deuda histórica quedó ayer resuelta en el Parlamento. Sobre las 330 hectáreas pendientes aún de tasación, y por tanto, de traspaso del Gobierno a la Junta como fórmula de pago, ya están hechos los cálculos de lo que se puede o no construir: serán 4.406 viviendas, según detalló en el Pleno una de las artífices de este acuerdo, la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo. Lo más importante, sin embargo, no es la cifra sino que el 71%, es decir, 3.144 viviendas, serán de renta libre. Las demás, 1.262 serán VPO, uno de los tres fines, junto con sanidad y educación, que justifican este concepto estatutario que arrastra casi tres decenios de demanda.

Tomando como referencia una reciente actuación del Ayuntamiento de Jerez, que en una superficie de 300 hectáreas planificó la construcción de 9.000 VPO, los solares estatales que pasarán a manos de la Junta no acogerán ni la mitad de inmuebles. La razón está en que en la principal bolsa de suelo, de 314 hectáreas y ubicadas en El Toyo II de Almería (314 hectáreas), tan sólo son urbanizables 102 hectáreas -según datos de la Consejería de Economía-, por ser el resto una zona que goza de protección medioambiental de rango europeo y en la que no tienen cabida ni el ladrilo ni el hormigón.

A pesar de la potente restricción, estos suelos, junto con los del Toyo I (900 viviendas de renta libre), no dejan de ser el núcleo duro de la operación que han fraguado Junta y Gobierno (junto con el traspaso de la titularidad de los activos de Agesa, sociedad gestora de los edificios de la Expo 92). Se trata de un área muy interesante para las arcas autonómicas, a tenor de su condición de zona de expansión turística y residencial de Almería, por lo que tendrán cabida 2.900 viviendas de renta libre y 1.000 VPO, es decir, el 92% y el 79% de lo programado en este paquete. Los dividendos que arrojen esta y otras promociones de renta libre repartidas Jaén (64) y Sevilla (150) -en Cádiz y Granada son todas VPO-, irán directamente a corregir el déficit sanitario y educativo, ya que la Junta intentará dar liquidez a cada metro cuadrado cedido.

El problema de este negocio radica en que no es esta la mejor coyuntura para la compra-venta de terrenos. La construcción anda de capa caída tras el estallido de una burbuja inmobiliaria, cuyas principales consecuencias es la falta de crédito bancario y una demanda de vivienda a la baja, que dificultan a los promotores embarcarse en nuevos proyectos. Sin embargo, la Junta no lo ve así. Martínez Aguayo defendió que esta transferencia de suelos acabará "monetarizándose" -a través de la empresa pública de suelo EPSA-, por lo que el acuerdo además de "legal y oportuno", "da liquidez e interesa".

Éste fue el principal punto de ataque del coordinador regional de IU, Diego Valderas, que dudó mucho de que la transformación de suelo en euros sea tan rápida, ante el momento de depreciación que éste sufre. Y puso el dedo en la llaga al cuestionar que si a Andalucía lo que le interesa es el dinero "contante y sonante", por qué no fue el Gobierno el que vendió los terrenos y entregó a cuenta los 784 millones que debe a los andaluces. El PP coincidió con IU no sólo en anunciar que acudirán a los tribunales para impugar este acuerdo alcanzado hace quince días con el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, sino en su intento de tirar por tierra todos los beneficios que PSOE y la Junta quisieron ver. Atropello, burla, estafa y traición, fueron lo más repetido en una larga lista que al final, con ironía, Martínez Aguayo resumió en un abecedario al que sólo le faltaron las últimas cuatro letras, y en un reproche: su soledad ante esta negociación.

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