El litigio sobre las aguas que rodean Gibraltar no es un debate nuevo, y mucho menos en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar. Sin embargo, la actual tensión en la zona con varios incidentes entre la Guardia Civil y la Policía del Peñón y la Armada británica, motivada en gran parte por la decisión de la Comisión Europea de designar más de 5.000 hectáreas de mar -previamente consideradas como aguas británicas de Gibraltar- de control ambiental por parte de España, ha vuelto a situar esta eterna disputa en el ojo del huracán, despertando un repentino interés.

Sin embargo, a pesar de los continuos debates y análisis, las posiciones de las partes implicadas en el conflicto son claras e inamovibles. El Gobierno español, basándose en el Tratado de Utrecht de 1713, sólo reconoce la cesión al Reino Unido de la ciudad, el castillo, las defensas y fortalezas y el puerto, quedando fuera las aguas adyacentes al Peñón. Existe incluso una sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 puso en duda que el Tratado de Utrecht supusiera cesión de soberanía y jurisdicción. "En el caso de que esa cesión de soberanía siguiera vigente si la hubo, habría de referirse exclusivamente a aquellos espacios delimitados en el título de concesión, y nunca alcanzaría a otros, terrestres o marítimos, distintos de aquellos, respecto a los que en modo alguno cabría reconocer poder soberano ni jurisdicción de ninguna clase", matizó el tribunal.

Al otro lado de la Verja, el posicionamiento es bien distinto. El Gobierno británico y las autoridades de Gibraltar -para estas últimas Utrecht carece de validez alguna- consideran como suyas no sólo las aguas del puerto, sino también las adyacentes al Peñón hasta al menos tres millas. De hecho, el control británico y gibraltareño sobre estas aguas es efectivo a pesar de que España no lo reconoce.

Esta situación complica de forma extraordinaria el trabajo de la Guardia Civil, que en los últimos meses ha visto como tanto la Armada británica como la Policía de Gibraltar miran literalmente con lupa cualquier incursión del Instituto Armado, en prevención de la delincuencia o en tareas de vigilancia, en las aguas que consideran suyas.

Prueba de ello es que, tras el incidente registrado el pasado lunes cuando una lancha de la Benemérita consiguió interceptar una embarcación sospechosa ya en el puerto de Gibraltar y no en las aguas en litigio, el mensaje lanzado por las autoridades de seguridad en el Peñón fue que esta actuación no revistió para ellas más gravedad por el hecho de haber ocurrido dentro del puerto, dato que sí es importante para el Gobierno español al ser las del puerto las únicas aguas que ratifica como británicas.

Las incursiones de la Guardia Civil en las aguas en litigio llevaron incluso al Reino Unido a presentar en septiembre una queja formal ante España solicitando que el Instituto Armado no volviera a "entrar en las aguas británicas de Gibraltar", a lo que el Gobierno español respondió, por enésima vez, que el Instituto Armado seguirá entrando y saliendo en sus tareas de vigilancia y persecución de delitos.