La deuda histórica se cierra con 330 hectáreas en solares en cinco provincias

  • Estos suelos no son definitivos, ya que la Junta y el Gobierno central tienen aún que ajustar a precio de hoy las tasaciones, por lo que se podrían añadir o retirar algunos de los que se prevén transferir

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La Junta y el Gobierno central cerraron justo hace una semana la fórmula de liquidación de los 784 millones de la deuda histórica. Sería en activos de la sociedad estatal Agesa, gestora de la Expo'92, y en suelo. Pero no fue hasta ayer cuando se supo dónde y cuánta superficie: cinco capitales y una ciudad de más de 100.000 habitantes, San Fernando (Cádiz), dispondrán de 330 hectáreas, quedando fuera del reparto, además de Córdoba y Málaga, que ya estaban previstas, Huelva. Todo estaría claro si no fuera porque aún falta un fleco, y quizás el más importante: a cuánto equivalen. Al menos en vivienda protegida sí se podría hacer un cálculo aproximado. El Ayuntamiento de Jerez decretó no hace mucho una reserva de 300 hectáreas para la construcción de unas 9.000 nuevas VPO.

El baile de solares en la lista ha sido intenso en los últimos días, tanto como para que ésta no sea definitiva y que el enésimo capítulo de esta reivindicación estatutaria aún esté por escribirse, porque falta la tasación. Un nuevo punto de discusión entre la Junta y el Gobierno, que tendrán que cruzar sus respectivas valoraciones -algunas deben revisarse a precio de hoy porque están desfasadas-, y que en caso de no coincidencia se resolverán por un tasador independiente. En función del resultado, la lista quedará como está o, tal vez, tengan que "añadirse más o retirarse" suelos, como puntualizó ayer en Jaén la principal negociadora de esta operación inmobiliaria, la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo.

La más beneficiada con este traspaso será Almería. El 98% de los terrenos cedidos por el Estado a Andalucía se ubican a las afueras de esta ciudad, en un área de expansión residencial que acogió parte de las instalaciones de los Juegos Mediterráneos. Son ocho solares en la zona de El Toyo 1 y otros dos más, que suman 326 hectáreas.

La segunda en el ranking es Sevilla. Aparte de un solar en el barrio de El Juncal, de 1,8 hectáreas, tiene el beneficio directo que le reportará el otro sumando de la cuenta final que es Agesa, aunque como bien se ha encargado por aclarar la Junta y el PSOE, beneficiarios serán todos los andaluces, porque el contravalor de estos bienes tiene el mismo fin que la deuda: corregir el déficit andaluz en educación y sanidad, aparte de vivienda.

En Granada, las parcelas que pasarán a manos de la Junta están en la zona norte, en Las Azulejeras (4 hectáreas); un espacio en el que conviven terrenos del Ayuntamiento y de las administraciones central y autonómica, y donde está proyectada una miniciudad, en la que aparte de VPO y viviendas de renta libre, tendrán cabida un centro de salud y otro educativo. El Consistorio granadino ya está trabajando sobre su terreno, acomete la ejecución de los viales de un área en el que tiene prevista la construcción de 1.700 viviendas, de las que 1.400 son VPO.

La única voz de un alcalde contraria al traspaso de solares fue la regidora de Cádiz, Teófila Martínez. En esta ciudad de carácter casi insular y sin más suelo donde construir, un metro cuadrado es un bien preciado, que en este caso, ya estaba tasado y negociado entre el Ayuntamiento y el Estado. "Al final será el Ayuntamiento el que le pague la deuda histórica en dinero a la Junta", criticó Martínez, que recordó que el Ayuntamiento, al haber aceptado el precio, "el proceso de compra tendría carta de naturaleza, ya hay un derecho adquirido". Otra ciudad gaditana que contará con más metros cuadrados liberados será San Fernando, con un pequeño terreno de 0,6 hectáreas.

A la cola en metros cuadrados también se queda Jaén, con un solar de 1,2 hectáreas, pero mejor que las tres capitales que están fuera de esta operación, aunque según el PSOE, se verán compensadas con otras políticas e inversiones en infraestructuras con cargo a las arcas autonómicas.

Ante este reparto, el PP e IU dieron continuidad a su discurso de que llevarán a los tribunales la "humillación" y el "servilismo" de la Junta ante el Ejecutivo de Zapatero y por una demanda de los andaluces, algo que, además, entienden inconcebible con otros presidentes de otras comunidades, aunque los populares fueron un paso más allá desde la iniciativa parlamentaria. A la petición conjunta con IU de un debate general en el Parlamento, que el PSOE rechazó en Junta de Portavoces, el PP añadió el anuncio de una proposición no de ley para el próximo pleno para que se revoque el acuerdo alcanzado entre las dos administraciones.

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