Un clínica de Cádiz sanciona a sus enfermeras por llevar pantalones

  • El SAS pide al centro concertado San Rafael un informe sobre su vestuario · La empresa se niega a cambiar la norma de la falda, implantada hace 30 años

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La Delegación en Cádiz de la Consejería Salud ha requerido a la Clínica San Rafael, hospital concertado por el Sistema Andaluz de Salud (SAS), un informe acerca la denuncia realizada por el comité de empresa de dicho centro a raíz de la sanción a varias enfermeras por negarse a llevar falda. Este requerimiento se hizo la semana pasada con el fin de valorar la situación una vez que se conozca toda la información. La Delegación recuerda, sin embargo, que el concierto con las empresas Pascual se limita a lo asistencial.

Las enfermeras y auxiliares de esta clínica privada señalaron ayer que tienen prevista una concentración el próximo 2 de abril ante el centro sanitario. Además, ya que San Rafael está concertada por el Servicio Andaluz de Salud, pretenden dirigirse a la Junta de Andalucía para abordar el tema. Una vez agotadas estas vías, si no hay resultados, aseguran que pretenden denunciar a la empresa ante los tribunales por incumplir, según el comité de empresas, la Ley de Igualdad.

Todo esto, como denuncian, porque se ven obligadas a llevar falda en lugar de poder optar por usar pantalones en su uniforme. Según las enfermeras, a aquellas que han elegido usar el pijama habitual como el resto de compañeros, unas diez, se les ha descontado del salario el plus de asistencia, lo que supone una reducción media de 30 euros mensuales.

Las enfermeras, como señaló la presidenta del comité de empresa, Adela Sastre, consideran "sexista" el hecho de tener que usar falda en lugar de pantalón. También creen que la cuestión vulnera en este caso la Ley de Igualdad así como, añaden, la normativa en prevención de riesgos laborales. Además Sastre explicó ayer que es un tema sobre el que se ha consultado a la empresa en varias ocasiones con anterioridad para definir el uniforme pues aseguran que "el convenio no dice nada sobre cuál es el reglamentario, con lo que ni siquiera estamos incumpliendo nada usando pantalón".

También Izquierda Unida se pronunció ayer al respecto e Ignacio García, diputado andaluz de esta formación, anunció que llevará la cuestión al Parlamento una vez se inicie el periodo de sesiones para que la Consejería de Salud y la de Bienestar Social intervengan "ante la actitud de la empresa Pascual", que calificó como "una discriminación intolerable".

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, ya ha respondido ante los medios de comunicación sobre este asunto y señaló que "es algo inconcebible en el siglo XXI".

La empresa Pascual -dueña en la provincia de esta clínica concertada así como del Hospital Santa María del Puerto, el Hospital Virgen del Camino, de Sanlúcar, y el Hospital Virgen de las Montañas de Villamartín- quiso dejar claro que se trata de una norma que viene estipulada en el centro sanitario desde hace 30 años y que, por tanto, su incumplimiento conlleva una sanción.

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