Andalucía

El cierre de los pozos amenaza con una fractura social en Doñana

  • La Junta acata la orden y dice que sin el Plan de Regadíos Norte la situación sería "más difícil"

El matrimonio de siglos que han mantenido los ciudadanos del Condado onubense con Doñana muestra signos de resquebrajarse después de que la Fiscalía General del Estado ordenase el cierre cautelar de los pozos que suministran agua a la finca de Matalagrana, en Almonte, que ayer acogió la última sesión ordinaria del año del Consejo de Participación de Doñana. La puesta en escena de ese divorcio corrió a cargo de centenares de agricultores, concentrados para reivindicar el riego para las 9.340 hectáreas que recoge el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, y que regula 64.457 hectáreas de terreno en los términos de Almonte, Rociana del Condado, Moguer, Lucena del Puerto, Bonares. La fractura no se redujo al sector agrícola, pues se extendió al ámbito institucional cuando los alcaldes de esos municipios más el de Aznalcázar (Sevilla) y las organizaciones agrarias de COAG y Asaja abandonaron el consejo.

El cierre de los pozos se ejecuta a raiz de la denuncia de un particular y se cierne sobre una finca cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía. El 50% de la superficie es de producción ecológica, mientras que el resto es de producción integrada. Los pozos fueron realizados por el propio IARA y se encuentran en la zona de riego que recoge el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad), donde se ponía techo al regadío en la zona.

Por eso causó "sorpresa" que la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, apuntase antes de la reunión del consejo que "se pueden compartir las resoluciones judiciales o no, pero hay necesariamente que acatarlas". Serrano insistió en que si el Plan de Regadíos no hubiera sido aprobado la situación de los agricultores "sería más difícil". La consejera entreabrió la puerta a su legalización definitiva, pero puntualizó que esta facultad recae sobre la Confederación Hidrográfrica del Guadalquivir (CHG). El presidente de este organismo, Manuel Romero, aseguró que el cierre es un elemento puntual frente a las más de 9.000 hectáreas de riego que reconoce el plan. El sector pretende que se expidan autorizaciones en precario hasta que se produzca la tan demandada llegada del agua superficial.

El alcalde de Almonte, Juan Antonio Domínguez (PP), lamentó que un día en el que el sector tendría que estar brindando fuera una jornada luctuosa por las denuncias que como "una espada de Damocles pesan sobre los agricultores". Domínguez remarcó que "hoy Doñana está más lejos de los ciudadanos de esta comarca", al asistir a un proceso de "criminalización de la agricultura, una actividad tradicional llevada a cabo desde hace miles de años que ahora se encuentra en peligro de extinción. Y con ella el futuro de muchos ciudadanos de la comarca".

El presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Cristóbal Picón, criticó la "inacción" de los estamentos políticos a la hora de regular una actividad agrícola que mantiene la economía de cinco municipios. En paralelo, destacó que en último cierre decretado por la Fiscalía implica el cierre de 18 empresas que dan empleo a más de 8.000 personas que mañana no tendrán dónde trabajar puesto que no existe alternativa para poder regar estos cultivos". Picón reclamó a las instituciones que den cobertura legal a las 9.340 hectáreas que reconoce el Plan de Regadíos, puesto que en la actualidad existen más sentencias judiciales encima de la mesa.

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