Dos bomberos, condenados a un año de cárcel por amañar una oposición

  • La Audiencia de Granada rebaja la pena inicial, de cinco años de prisión

La Audiencia de Granada ha considerado "perfectamente verosímil" la versión de José Manuel de La Blanca, el sindicalista de CCOO juzgado por las irregularidades de los exámenes a bombero de 2003 junto a otro integrante del tribunal opositor. Por ello, se le ha absuelto del delito de falsedad en documento oficial que se le imputaba, aunque le ha sido impuesto un año de cárcel y tres de inhabilitación para ejercer como bombero por participar en un delito de revelación de secretos con la atenuante de confesión. Esta misma pena se ha fijado también para Gerardo Martín, el otro bombero acusado.

Los magistrados que han enjuiciado nuevamente los hechos, tras ordenar el Tribunal Supremo la repetición del juicio, han llegado a una conclusión distinta a la del anterior tribunal que conoció el caso en 2006 y que impuso cinco años de cárcel a ambos imputados.

La nueva sentencia dictada concluye que De la Blanca no manipuló los exámenes y que, si participó en la filtración del tercer ejercicio escrito de la oposición, fue para denunciar el fraude que se estaba cometiendo.

La sentencia, que recalca la "firmeza, coherencia y auténtica vehemencia" de la versión de De la Blanca, recoge que el sindicalista "comenzó a sospechar" que había existido una filtración en el segundo ejercicio. El motivo: los pocos aspirantes que aprobaron contestaron bien las preguntas elaboradas por los otros bomberos del tribunal opositor -el fallecido jefe de bomberos y el coacusado- y mal las que él había puesto.

Tras pedir sin éxito que se anulara ese segundo ejercicio, "José Manuel de la Blanca decidió obtener pruebas de las irregularidades de las que sospechaba aún a costa de implicar a sus compañeros de tribunal". Para ello, se infiltró "a modo de topo" con una grabadora y, en una reunión previa al tercer ejercicio en la que se habló claramente de filtrar las preguntas a los interinos, logró una prueba del fraude. Además del año de prisión, deberán pagar al Ayuntamiento el gasto que acarreó la anulación de la oposición.

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