Trabajadores de los hospitales de la empresa Pascual, ubicados en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga se concentraron el jueves frente al Parlamento andaluz, donde pidieron a Susana Díaz que les diga "qué va a hacer con los hospitales y sus trabajadores". Hace una semana la empresa comunicó que si la Junta no abonaba lo que le debe no podría pagar las nóminas de noviembre, lo que provocó un recrudecimiento de las protestas. Sobre el depósito de 8,3 millones anunciado por el consejero de Salud, Aquilino Alonso, creen es "un parche que no soluciona nada".

El SAS y la empresa mantienen desde hace años un pulso sobre el modo de concretar en un convenio estable la atención sanitaria a la que no llega la Administración. El conflicto afecta a los usuarios, pero sobre todo a la plantilla de Pascual, notablemente reducida y que ahora se enfrenta al posible impago de nóminas, en la primera firma sanitaria privada de la región.

Pese a que nació en Cádiz en 1947, la empresa José Manuel Pascual se convirtió en la principal muleta del sistema sanitario andaluz en 1973, cuando el hospital Zamacola, en Cádiz, cerró y aún no estaba construido el Puerta del Mar. Fue el hospital San Rafael, que por entonces contaba con más de 450 camas, el centro que se hizo cargo de la situación. En los 80, cuando se creó el SAS, la Junta apostó por la sanidad exclusivamente pública. El proyecto lo pilotó Agustín Ortega Limón, un gestor joven fuertemente ideologizado. Sin embargo, a principios de los 90 se estableció un sistema de conciertos al asumir que las infraestructuras del SAS no podían absorber la demanda. Pascual, que ya había empezado una política de expansión fuera de Cádiz, contrató a Ortega Limón, que allanó el diálogo con el SAS.

La Consejería de Salud defiende que en la última década ha reducido en 20 puntos su dependencia de las empresas privadas para completar la cobertura a la población. En la actualidad se derivan cerca de un 3% de los pacientes del SAS a centros concertados y los principales son de Pascual. Más de dos millones de los 75 millones de actos sanitarios que realiza la Junta necesitan apoyo privado, debido a que la crisis ha impedido concluir el mapa hospitalario.

Los trabajadores de los hospitales de Pascual están habituados a vivir cada cierto tiempo las tensiones que acompañan a las siempre incómodas y tensas negociaciones entre la empresa y el SAS. A pesar de ello la sangre nunca llegaba al río. La Junta conseguía a través de la Ley de Contratos del Sector Público, que los períodos de negociación se consideraran bajo concierto, lo que restaba capacidad de presión a la empresa.

En la negociación actual, el empresario gaditano ha conseguido que el concierto incluya a sus seis hospitales de Huelva, Cádiz y Málaga. Queda pendiente ponerle precio a las denominadas Unidades de Producto Concertado (UPC). Este concepto recoge la cantidad de actuaciones asistenciales que engloba el concierto. A este concepto, el SAS añade, y Pascual acepta, un 7% de UPCs extras. Las asistencias que superen ese colchón que describe el concierto es lo que siempre queda en el limbo judicial que da forma a los pleitos abiertos que ahora enconan las negociaciones. Pascual quiere que se le reconozca que hace mucho más de lo que le impone el concierto.

La Junta reconoce ya su deuda económica con Pascual a raíz de las últimas sentencias judiciales del TSJA, y el empresario quiere cerrar un concierto que dote de estabilidad tanto a sus plantillas como al futuro de sus hospitales. Todo está por ver, pero no queda más remedio que llegar a un acuerdo.