El abogado de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía encarcelado desde el sábado por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, ha anunciado que recurrirá su ingreso en prisión dentro del plazo legal de tres días.

Su abogado, Fernando de Pablo, ha informado de que hoy mismo ha acudido a visitar a su cliente en la prisión Sevilla-1, donde lo ha visto "bien y, dentro de lo que cabe, animado dada su situación".

Guerrero se convirtió en la madrugada del sábado en el primero del medio centenar de imputados por los ERE que ingresa en la cárcel, tras declarar durante tres días ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

En la cárcel, el ex director general no ha sido incluido en el protocolo para evitar suicidios ni en ningún otro programa y se encontraba hoy a la espera de ser entrevistado por los psicólogos y asistentes sociales para decidir el módulo al que será asignado.

Su abogado va a recurrir la orden de ingreso en prisión pues, como mantuvo en la comparecencia para decidir las medidas cautelares, no existe riesgo de fuga de su cliente, dado que podría haberlo hecho en el año y medio que la juez lleva investigando el caso, y ha colaborado con la Justicia como se demostró en los tres días durante los que prestó declaración.

De Pablo ha destacado que no sólo él, sino los quince abogados que intervinieron ante la juez se mostraron contrarios al ingreso en prisión del ex director general.

La juez Alaya acordó la prisión del imputado de acuerdo con la petición del fiscal, quien alegó que la pena que podría corresponderle sería superior a los 18 años de cárcel.

El fiscal pidió además 933 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, cálculo realizado por el dinero público presuntamente malversado mediante los ERE y otras ayudas de la Junta fraudulentas, un aspecto sobre el que la juez se pronunciará previsiblemente a lo largo de esta semana.

También se pronunciará sobre la petición de la defensa de Guerrero de que la Junta de Andalucía sea apartada como acusación particular, dado que debe ser designada responsable civil subsidiaria del pago de las indemnizaciones.

Guerrero, que fue director general de Trabajo durante nueve años (1999-2008), declaró durante tres días que todos sus superiores conocían que los fondos millonarios se repartían "discrecionalmente" y "sin publicidad", por lo que sólo eran conocidos por "los más próximos" a la Administración.

En sus sucesivas declaraciones, implicó como conocedores del sistema a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al expresidente de la Junta Manuel Chaves o al exconsejero Gaspar Zarrías.

La juez le imputó presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, dos de falsedad en documentos mercantil y uno de falsedad en documento oficial.