Rafael Gómez dice que ha tenido que despedir a un millar de trabajadores

  • El empresario reconoce ante el juez que 31 bancos le cerraron las puertas cuando fue detenido por la operación Malaya · Vuelve a ratificarse en que no pagó a cambio de favores urbanísticos de Roca

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Por primera vez desde que fue detenido por las investigaciones de la operación Malaya, el empresario cordobés Rafael Gómez habló ayer abiertamente de la crisis que azota a su otrora poderoso grupo de empresas. Y lo hizo en una situación extraña: la comparecencia indagatoria en la que le tomaron declaración de nuevo sobre los hechos que se plasman en los distintos tomos del caso judicial que tratan sobre su persona. El joyero y constructor fue más que preciso para retratar el estado de salud del pequeño imperio que levantó y las múltiples dificultades que le han llevado a la presente situación.

Gómez destacó ante el juez instructor del caso que por su detención y procesamiento en esta causa se ha visto obligado a despedir a más de mil trabajadores, la primera vez que cuantifica el coste social de la situación de su grupo empresarial. Además, aseveró ante el juez que atraviesa una difícil situación financiera.

Gómez subrayó que, tras su detención, su "gran preocupación" fue la situación económica de sus empresas y cómo hacer frente a las deudas que mantenía, para lo que necesitaba de financiación bancaria. Según el empresario, para obtener ese dinero se dirigió a 31 bancos con los que trabajaba, pero todos le retiraron su apoyo. Por ese motivo, se vio obligado a despedir a más de un millar de empleados y se encuentra en la actualidad "intentando hacer frente a su crisis financiera".

El constructor cordobés aseveró en su comparecencia ante el juez, que tuvo una duración de quince minutos, que "nunca ha cometido delito alguno y siempre se ha dedicado a trabajar". Durante el curso de su presencia ante el instructor de la causa, el constructor se ratificó en su primera declaración -que tuvo lugar cuando fue detenido, en el mes de junio de 2006-. Aseguró que el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca nunca le pidió "dinero a cambio de favores" en el Consistorio. Rafael Gómez fue detenido en la tercera fase de la operación Malaya contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol y está procesado por un delito de cohecho. Básicamente, el anterior instructor del caso, Miguel Ángel Torres, le acusaba de pagar a Juan Antonio Roca a cambio de que se le permitiera abrir una puerta de su sede comercial en Marbella al Paseo Marítimo, algo que en principio estaba prohibido por la normativa. La Policía detectó también que Gómez y Roca fueron socios, por medio de testaferros, en la adquisición de un jet privado bajo la sociedad mercantil Marbella Airways.

A su salida de los juzgados de Marbella, el procesado destacó la amabilidad del nuevo juez que instruye el caso, Óscar Pérez -que sustituyó el pasado verano a Miguel Ángel Torres-, y mostró su deseo de que "esto acabe pronto".

Además del constructor cordobés, prestó también declaración indagatoria por esta causa el promotor granadino José Ávila Rojas, mientras que la comparecencia del empresario Emilio Rodríguez Bugallo quedó aplazada a petición de su defensa para el próximo 10 de abril. Las comparecencias por el caso Malaya, en el que hay 86 procesados, comenzaron el pasado 18 de febrero con la declaración de la ex alcaldesa Marisol Yagüe y otros ex ediles, y desde entonces ya han cumplido con esta citación más de una veintena de imputados.

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