La Policía protegerá a la juez Bolaños tras las amenazas de muerte

  • Los agentes están "en contacto" con la magistrada para garantizar las medidas de seguridad que se estimen oportunas

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla. La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla.

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla. / juan carlos vázquez

La Policía Nacional adoptará medidas de protección con la juez María Núñez Bolaños, después de que la magistrada que instruye las macrocausas haya recibido amenazas de muerte a través de una carta anónima. Fuentes de la investigación explicaron ayer a este periódico que los agentes de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, que se han hecho cargo de la investigación, están "en contacto" con la magistrada y adoptarán las medidas de protección necesarias para garantizar su seguridad personal.

Las fuentes consultadas no precisaron en qué consistirá dicha protección, si bien en principio parece descartado que se le ponga un servicio de escolta como el que sí tiene la juez Mercedes Alaya desde hace cuatro años, cuando fue objeto de insultos por medio centenar de personas que protestaban en los juzgados por la detención de unos sindicalistas en una operación de los ERE.

En cualquier caso, la Policía garantiza que se adoptarán las medidas de protección que se consideren oportunas y sean necesarias en cada caso.

Los agentes de la Brigada de Información continúan investigando la carta anónima que fue enviada al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado 4 de enero desde una oficina de Correos de Madrid. Los investigadores valoran la "veracidad" de las amenazas de muerte, que están vinculadas directamente con el cometido profesional que María Núñez Bolaños viene realizando en la instrucción de las macrocausas desde que logró la titularidad de este juzgado hace ya más de dos años, en junio de 2015.

La investigación policial está siendo coordinada por el juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, quien acordó esta semana la apertura de unas diligencias previas para tratar de esclarecer los hechos y proceder a la identificación del presunto autor de la misiva. La carta, que contenía sólo varias frases manuscritas amenazantes, está siendo objeto de un análisis para tratar de hallar posibles huellas.

En el caso de que se identificara al responsable de las amenazas de muerte, el sospechoso podría ser acusado de un delito de amenazas e incluso de atentado a la autoridad, dado que se trata de una intimidación grave a un juez en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, lo que podría acarrearle penas de entre los dos y los seis años de cárcel, según el castigo que contempla el Código Penal para estos delitos.

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