El PSOE fuerza la salida del gobierno de Estepona de sus 4 ediles libres con fianza

  • El alcalde accidental (PA) firma las destituciones de los concejales imputados · El sustituto de Barrientos asegura que no ha tomado la decisión por exigencias socialistas, pero atendió al presidente de la gestora

El desconcierto se ha apoderado del Ayuntamiento de Estepona. El alcalde accidental, el andalucista Rafael Montesinos, destituyó ayer a petición del PSOE a los cuatro concejales socialistas del equipo de gobierno en libertad bajo fianza que se han negado a entregar sus actas. La decisión la adoptó después de que el edil responsable de Hacienda, Francisco Zamorano, mantuviera un pulso con el de Urbanismo, Rafael Duarte, sobre el que recordó que "está tan imputado como yo" en el caso Astapa contra la corrupción en esta localidad.

Duarte le había pedido en las últimas horas a Zamorano, responsable del Área de Personal, que impidiese la entrada a la Delegación de Urbanismo a varios de los cargos de confianza imputados en esta investigación ante el temor de que pudieran estar alterando algunos de los acuerdos urbanísticos objeto de la investigación en curso. Zamorano replicó que la juez, al dictar las medidas cautelares, no estimó conveniente limitar el acceso a las dependencias municipales a los sospechosos.

Pero ayer, el también concejal de Hacienda fue un paso más allá en este enfrentamiento y pidió explicaciones a Duarte de los motivos por los que el Ayuntamiento no ha ingresado un millón de euros fruto del convenio urbanístico suscrito por el ex alcalde Antonio Barrientos con la empresa Asturion Fondation, vinculada a la casa real saudí, el día antes de que se destapara el caso Astapa.

El escrito de Zamorano no le sentó nada bien a Duarte, quien en primer lugar señaló que la empresa está esperando a que se constituya el nuevo gobierno, por lo que pidió paciencia, y arremetió contra Zamorano, del que dijo: "Parece que no recuerda que se ha producido una operación policial, que le afecta a él mismo". A su juicio, la actitud del edil "pone de manifiesto su resistencia a ser expulsado".

El Partido Socialista, que hasta ahora se había limitado a pedir el acta a los cuatro ediles imputados por el juez y tramitar su expulsión del partido, pero que hasta ayer no impidió que siguiesen con sus responsabilidades de gobierno en el municipio, pese a su negativa a obedecer las directrices de la formación, decidió actuar ante la dimensión de los nuevos acontecimientos. Montesimos firmó el decreto por el que cesan en sus funciones el citado Zamorano, la responsable de Cultura y Fiestas, Asunción López; la concejal de Educación, Mariví López, y la delegada de Playas, Marisa Rodríguez. Todos ellos se encuentran en libertad tras abonar fianzas cuyas cuantías oscilan entre los 30.000 y los 50.000 euros.

Algunas horas después de la decisión adoptada, Montesinos negó que la misma se hubiese debido a las exigencias del PSOE. "No me ha exigido nada y no puede hacerlo, porque soy el único con la potestad para hacer cambios en el equipo de gobierno", afirmó, aunque matizó: "Otra cosa es que pueda admitir consejos". El andalucista informó de que tomó la determinación después de que desde la formación socialista le confirmasen la expulsión de militancia de los citados ediles y tras asesorarse con el gabinete jurídico del Ayuntamiento, que ratificó la viabilidad de la medida.

Si bien será hoy cuando el alcalde accidental dé a conocer el reparto delas delegaciones de los concejales salientes, fuentes municipales informaron a este periódico que la quiniela que cobra más fuerza concluye que Duarte asumirá Hacienda, hasta ahora en manos de Zamorano, quien también gestionaba el área de Personal. Ésta pasará a ser encabezada por David Valadez. María Miralles se hace con Cultura y Fiestas, y Carlos Rodríguez, con Playas.

El Ayuntamiento celebrará el viernes un Pleno en el que se conocerá la renuncia del anterior alcalde y el concejal que lo sustituirá. Diez días después, una nueva sesión elegirá al nuevo regidor. La opción que cobra más fuerza para hacerse con la Alcaldía es la de Duarte. El problema es que el edil prestó la pasada semana declaración como imputado ante la Policía Nacional y tendrá que esperar a la decisión que tome el juez cuando lo cite a declarar en los próximos días.

El marasmo de Estepona ha llevado al PP a pedir formalmente la disolución del Ayuntamiento. Después de que se conocieran las destituciones, los populares insistieron en que la situación de la Corporación es de "ingobernabilidad".

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