El PP tira del Consultivo para insistir en la ausencia de control en Empleo

  • Los populares hacen público un informe del Consejo sobre el pago de dos ayudas "sin ningún tipo de procedimiento administrativo" y el Gobierno los acusa de elaborar con ello una "burda manipulación"

El PP-A hizo público ayer un dictamen del Consejo Consultivo que refleja que las subvenciones de la Consejería de Empleo con cargo a la partida 31L "se repartían sin ningún tipo de procedimiento administrativo". De ello "ya advirtieron" con anterioridad la Intervención General de la Junta, el TSJA o los autos de la juez Mercedes Alaya sobre los ERE fraudulentos, financiados con cargo a la citada partida.

Según informó en rueda de prensa la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, el informe del Consultivo, del pasado día 6, prueba que las subvenciones a cargo de la partida 31L se hicieron "sin procedimientos administrativos". El órgano, a petición de la Consejería de Empleo, somete a dictamen el expediente de la revisión de oficio de dos resoluciones de la Dirección General de Trabajo por las que se concedieron subvenciones por 1,2 millones de euros cada una a Maestrazgo de Sevilla S. L. en los ejercicios 2006 y 2007, ambas de 12 de diciembre de 2005. También se analizan las resoluciones de 20 de diciembre de 2005 y 28 de marzo de 2006, sobre los pagos.

Al hilo de ello, Soto señaló que el origen de la consulta está en "el impago de las ayudas a Maestrazgo" por parte de la Junta, que "acabó siendo reclamado en los tribunales". Ante esto, la Consejería de Empleo propuso una resolución por la habría de declararse "la nulidad" de las resoluciones, después de que la propia interventora adjunta al interventor general de la Junta emitiera dos oficios, con fecha de 28 noviembre de 2008 y 13 de julio de 2009, informando a la entidad beneficiaria de las ayudas de que a la Junta no le constaban tales subvenciones. Además, el jefe del gabinete jurídico de la Junta debería comunicar, según esos oficios, al viceconsejero de Empleo, la necesidad de revisar las resoluciones pues, "en principio, parecen haber sido dictadas por órgano incompetente, sin procedimiento administrativo establecido, sin consignación presupuestaria, e incluso alterando la propia naturaleza de la subvención".

Así, aunque la consulta al Consejo es de ahora, según Soto, "el Gobierno andaluz sabía que los 2,4 millones eran irregulares". La portavoz del PP cuestionó "por qué la Junta no anuló las ayudas cuando tenía la información" o "por qué no consultó al Consejo en la fecha de los informes de la Intervención General, esto es, 2008 y 2009, y no ahora". A su juicio, la Junta "ni denunció las ayudas ni elevó consulta antes porque son los que inventaron el sistema fraudulento y los responsables políticos para expoliar más de 1.000 millones a través del fondo de reptiles". El informe del Consejo Consultivo, que recuerda que el TSJA ha dictado sentencia sobre la denegación presunta de la solicitud de abono de las ayudas, reconociendo la invalidez de las mismas, señala que es "evidente" que las subvenciones a Maestrazgo fueron concedidas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento". Asimismo, "el único documento" que pudiera tener relación con las ayudas es un plan de negocio referido a una explotación agropecuaria, producción y comercialización de productos de cerdo ibérico de bellota, del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, "que no se sabe cómo ni por qué figura en el expediente".

Para el Gobierno autonómico, la exposición de ayer de Rosario Soto busca manipular el sentido del dictamen, "que confirma que la Junta está actuando correctamente para recuperar el dinero de las irregularidades". El Ejecutivo regional destacó ayer que precisamente el dictamen se hace "a instancias de la Consejería de Empleo y como consecuencia de su oposición a abonar subvenciones irregularmente concedidas por Guerrero", que era director general de Trabajo en aquel momento, ahora en prisión. Precisamente el dictamen desmontaría, según la Junta, las declaraciones de Guerrero defendiendo que los expedientes se habían instruido de forma correcta. "La conclusión de este burdo intento de manipulación -señaló el Gobierno andaluz- es que mientras la Junta trabaja para que avance la investigación y para reparar el daño ocasionado, el PP sólo enreda en busca de réditos electoralistas".

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