PP-A inicia un plan contra el anteproyecto de Ley de Aguas

  • Los populares andaluces analizarán un informe de Medio Ambiente sobre el borrador del código, que, según Sanz, "va en contra de los intereses de los ciudadanos, los sectores productivos y los ayuntamientos".

El PP-A ha promovido una campaña contra el anteproyecto de Ley de Aguas de Andalucía, actualmente en proceso de alegaciones, al considerar que supondrá un elevado incremento de los precios para los ciudadanos y los sectores productivos, además de una usurpación de las competencias municipales.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y la secretaria de Medio Ambiente, Carolina González Vigo, han presentado en conferencia de prensa el contenido de la campaña, que tendrá como eje principal los ayuntamientos andaluces, donde presentarán mociones de rechazo del anteproyecto.

La campaña incluirá la presentación de iniciativas en el Parlamento y la celebración de encuentros sectoriales con las comunidades de regantes, las organizaciones de consumidores y usuarios y las asociaciones de vecinos, entre otros colectivos.

El Comité de Dirección del PP-A analizará un informe elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente sobre el anteproyecto de ley, que, según Sanz, "va en contra de los intereses de los ciudadanos, los sectores productivos y los ayuntamientos".

Según el PP-A, la propuesta normativa apuesta por la "burocracia" y el "intervencionismo", ya que afecta a las competencias de los ayuntamientos, al tiempo que rechaza la creación del Observatorio Andaluz del Agua, al considerar que ya hay órganos "suficientes" y que provocará un aumento de la burocracia.

El PP-A asegura, además, que la nueva ley va a suponer "un claro incremento" de los impuestos, que es "lo último que debe hacer un gobierno en tiempos de crisis".

Sanz ha achacado dicho incremento a que la Junta no ha hecho "sus deberes", al dejar de ejecutar las inversiones hidráulicas previstas y que ha cifrado en más de 2.400 millones de euros, de los que 633 millones habían sido presupuestados con cargo a la Agencia Andaluza del Agua.

Según los cálculos del PP, un 40% de la población verá incrementado el precio del agua en un montante del 20%, aunque la agricultura y, especialmente, los invernaderos de Almería y Huelva, será el sector más afectado, seguido de la industria y el turismo, que en el caso de los hoteles puede suponer un aumento anual del gasto de 3.000 euros.

La portavoz de Medio Ambiente del PP-A, Carolina González Vigo, ha denunciado que la "filosofía que está detrás del anteproyecto es el interés recaudatorio" y ha criticado que la Junta pretenda obtener más dinero utilizando a los ayuntamientos.

Ha asegurado, además, que el nuevo canon o cuota fija de 1 euro al mes por el uso del agua es "discriminatorio" porque afectará a todo el mundo, independientemente de su situación, tras lo que ha opinado que la Junta "tiene que gestionar mejor y no gravar más".

Por otra parte, el secretario general del PP-A ha anunciado la presentación de una iniciativa parlamentaria para reclamar que la implantación de nuevos órganos judiciales prevista para este año se materialice "con carácter inmediato", al considerar que el actual "colapso" de la justicia hace necesario adelantarlo, al tiempo que instará a la Junta a que atienda la petición del TSJA, que ha elevado a 36 los nuevos juzgados necesarios.

Sobre la situación política andaluza, el dirigente popular ha expresado su preocupación por la "parálisis" del nuevo Gobierno y ha criticado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, está "más preocupado por su campaña de promoción personal" que por los problemas de la comunidad.

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