andalucismo

Luz sin taquígrafos para el asesinato de García Caparrós

  • La comisión que investigó en el Congreso los sucesos del 4-D en Málaga obvió un informe de Gobernación que reconocía que la muerte del joven manifestante fue por disparos de la Policía

Todavía no hay nombres, pero las circunstancias del asesinato de Manuel José García Caparrós empiezan a aclarase cuando se van a cumplir cuatro décadas de su muerte en las manifestaciones por la autonomía del 4 de diciembre de 1977 en Málaga. "Al principio no podía decirse que había sido la Policía", recordó ayer Loli García Caparrós, hermana del joven malagueño, durante un encuentro organizado por IU donde su diputada nacional Eva García Sempere contó sus primeras conclusiones tras acceder a las actas de la comisión de investigación que se puso en marcha en el Congreso para aclarar los sucesos de Málaga en aquel trágico día.

Las actas de dicha comisión parlamentaria -constituida en enero de 1978- han sido inaccesibles durante casi cuatro décadas. Pero el pasado miércoles García Sempere pudo consultar los 675 folios que quedaron registrados y que abordaron los sucesos de Málaga, pero también los de La Laguna, en Tenerife, donde murió el estudiante Javier Fernández Quesada por disparos de la Guardia Civil. La misma suerte corrió García Caparrós, aunque su bala salió de una pistola de la Policía Armada. Concretamente de una sección de 32 agentes que realizaron unos 30 disparos al aire, uno de los cuales impactó en el joven malagueño de 17 años, trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria y afiliado a CCOO.

"Hubo policías expedientados y arrestados", apuntó ayer García Sempere, que explicó que esos datos aparecen en un informe oficial de la Comandancia de la Policía Armada que estuvo a disposición de los miembros de la comisión de investigación. De ese informe no hay ni rastro en las conclusiones finales del órgano parlamentario, que según la diputada de Unidos Podemos fueron tres. Las dos primeras pretenden explicar las razones que provocaron los disturbios del 4 de diciembre en Málaga. Aluden a la difícil situación socioeconómica de la ciudad como detonante de la contestación social y, además, "culpan" a los partidos y organizaciones que promovieron las protestas por llamar a los participantes a llevar banderas verdiblancas. Según García Sempere, el dictamen afirma que las enseñas andaluzas provocaron un enardecimiento en las fuerzas de extrema derecha, que tuvieron enfrentamientos con los manifestantes.

Uno de esos choques se produjo frente a la antigua sede de la Diputación de Málaga, en la acera de La Marina. Era la única de las entidades provinciales de la región donde por orden del presidente Francisco Cabeza, no ondeaba la blanquiverde, que todavía no era una bandera institucional. Hasta el balcón se subió un joven y colgó la enseña, provocando la reacción de la Policía Armada. Al respecto, García Sempere reveló ayer que, según las actas de la comisión de investigación, es el gobernador civil de Málaga quien ordena "despejar la plaza", pero nada se dice quién ordenó las cargas que desembocaron en la muerte de Manuel José García Caparrós.

La tercera de las conclusiones de la investigación parlamentaria exime todas las responsabilidades políticas de la actuación policial de aquel 4 de diciembre. "Tenían la convicción moral de que lo habían hecho bien", afirmó ayer García Sempere, que cree que hubo un "pacto de silencio" para excluir del dictamen final el mencionado informe del Ministerio de la Gobernación que confirma que la Policía Armada acabó con la vida del joven malagueño. Con esta omisión, según la diputada de Unidos Podemos, "nada podía romper el relato idílico de la Transición". Pese a todo, no todos los participantes en aquella comisión de investigación estuvieron de acuerdo al eximir las responsabilidades políticas. Los diez socialistas y los dos comunistas presentes pidieron emitir un voto particular.

La intención de IU -y sus socios de Podemos- es que García Sempere vaya a la comisión de Presidencia de la Cámara andaluza a explicar sus conclusiones cuando acabe de revisar los documentos. El objetivo último es discernir cuáles fueron las responsabilidades políticas por el asesinato de García Caparrós. Y García Sempere tiene claro quién podría explicar cómo fue aquella investigación: el actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El veterano regidor era por aquel entonces diputado de UCD por Málaga y fue uno de los portavoces del órgano parlamentario, aunque la diputada de Unidos Podemos aún no ha descubierto su papel concreto. No le piden su dimisión, aclaró el líder de IU, Antonio Maíllo, pero sí quieren que explique la razón por la cual se decidió obviar un informe que pudo arrojar luz sobre la muerte de un joven que salió a pedir autonomía y no volvió a casa aquel domingo.

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