Andalucía

La Junta dará más poder sobre la gestión del patrimonio a los ayuntamientos

  • Cultura suprimirá el permiso previo para intervenir en el entorno de zonas protegidas y realizar obras menores en edificios catalogados

  • El único requisito es que se respete el plan urbanístico

La Ley de Patrimonio Histórico agilizará trámites y estimulará la participación ciudadana

La Junta de Andalucía plantea suprimir el permiso previo de la Consejería de Cultura para intervenir en el entorno de áreas protegidas o realizar obras menores en edificios catalogados. Ésta es una de las principales novedades contempladas en el anteproyecto de la nueva Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer al inicio de su tramitación, un proceso que durará meses y que probablemente no esté listo hasta la próxima legislatura. El borrador plantea la modificación de 31 artículos de la normativa vigente desde 2007 con el objetivo de dar más protagonismo a los ayuntamientos y agilizar los trámites legales, según explicó ayer el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Ejecutivo regional.

La futura normativa suprime la autorización de la Consejería de Cultura para obras menores que no afecten a la estructura, el subuelo o la fachada de inmuebles situados en el entorno de Bienes de Interés Cultural (BIC), Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicos y otros espacios protegiodos. Tampoco será necesario elaborar, como hasta ahora, proyectos de conservación para los inmuebles situados en los entornos de los BIC, y se suprimirá la necesidad de tramitar como actividades arqueológicoas diversas actuaciones, que ahora pasan a tener la consideración de obras.

"Si una familia que vive en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC) quiere cambiar el plato de ducha del cuarto de baño, podrá hacerlo directamente sin tener que pasar por la comisión provincial de Patrimonio", explicó a modo de ejemplo el titular de Cultura, que incidió en que "ni mucho menos se reduce la protección, sino que recoge el sentir de los ciudadanos".

En cuanto a los municipios, aquellos que ya cuenten con los planes urbanísticos requeridos no necesitarán solicitar la atribución de competencias para actuaciones que cumplan con su planeamiento, aunque afecten a inmuebles catalogados y a sus entornos. Cultura sólo se reservará esta competencia en el caso de monumentos, jardines históricos y zonas arqueológicas.

Vázquez especificó que de las 131 localidades declaradas conjuntos arquitectónicos, doce cuentan ya con atribuciones y otras 44 se beneficiarían de la futura ley, al tener aprobados sus planes de protección. Por otro lado, el anteproyecto simplifica la inscripción en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico, con el fin de garantizar la máxima protección a los bienes que aún no estén catalogados. También se introducen modificaciones en el régimen sancionador "que garantizan la idoneidad y proporcionalidad, y se revisan las circunstancias agravantes y atenuantes".

Entre las primeras, se encuentran la reincidencia y la naturaleza del perjuicio, aunque se distinguen en función de la intencionalidad. En cuanto a los atenuantes, se tendrá en cuenta la reparación del daño causado o la paralización voluntaria de las obras.

La nueva norma recogerá de forma expresa la prohibición de los detectores de metales, salvo excepciones relativas a su uso reglado en actividades arqueológicas, seguridad y defensa nacional o mantenimiento y reparación de infraestructuras. Asimismo, los propietarios de bienes catalogados tendrán que abrirlos al público cuatro días al mes -al igual que ahora- pero con la obligación de que "sea en diferentes semanas-.

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