La Junta rechaza que sea un "soborno" el incentivo de 7.000 euros a profesores

  • La Consejería de Educación dice que la medida no es para que los centros sean una "fábrica de aprobados", sino que atiende a otros criterios, como el nivel de absentismo o la satisfacción familiar

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La escasa adhesión de los institutos de Secundaria andaluces al Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares -sólo el 3%, según la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (Apia)- que incluye, entre otras medidas, una retribución de 7.000 euros en cuatro años al profesorado, no es lo que más preocupa a la Consejería de Educación. El plazo de solicitud está aún abierto y resta una semana para que venza, por lo que el número de solicitudes puede ir al alza.

Lo que sí inquieta a su titular en funciones, Sebastián Cano, es la apreciación que se pueda tener de este incentivo desde los sindicatos del ramo y los propios centros -el 51% está en contra- como de un "soborno" para los docentes que tengan un mayor porcentaje de aprobados y promocionados entre su alumnado.

Si bien éste es uno de los criterios para la concesión de la prima, Cano subraya que no es el único. El nivel de absentismo, el porcentaje de alumnos que acaban la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y continúa sus estudios, el número de estudiantes que alcanza el dominio de competencias básicas -comprensión lectora, Matemáticas e Idioma- el grado de satisfacción e implicación de la familia en el funcionamiento y actividades extraescolares de los centros son parte de la veintena de indicadores a cumplir.

"No se trata de que los institutos sean fábricas de aprobados. Lo que se pretende es incentivar al profesorado para su mayor implicación hacia un trabajo más colectivo y mejorar los resultados académicos", explica Cano, que insiste en que el fin también es remunerar esa tarea extra que hasta ahora se ha asumido desde el "voluntarismo" y sin contraprestación alguna, y corregir así algo que ha sido motivo reiterado de queja ante la Administración.

Pero además de esta compensación, según Cano, existen otros pilares sobre los que descansa la mejora de la calidad de la enseñanza. En respuesta a las críticas de algunos sindicatos de que ante el alto nivel de fracaso escolar sólo se ponga en marcha esta medida, menciona la existencia otros programas "para el éxito escolar".

Entre ellos cita la reducción del número de 25 a 20 alumnos en 600 centros de Primaria y de 30 a 24 alumnos en 300 de Secundaria, más clases de apoyo y el "desdoble" de las clases de Matemáticas, Lengua e Idiomas -sólo habrá 20 estudiantes por clase-.

Del escaso predicamento del Programa de Calidad, el consejero apunta que las objeciones han venido de organizaciones minoritarias -como Apia, junto a los sindicatos CGT, Sadi y Ustea-, mientras las de mayor peso, como CCOO, UGT, CSIF y ANPE la apoyaron. No obstante, no rehuye la realidad que puedan desvelar las cifras el próximo 31 de marzo. Aunque ve "prematuro" hacer valoraciones, admite la posibilidad de que puedan ser bajas.

Como posible justificación, Cano recuerda que su implantación es progresiva, por lo que se podría repetir lo que sucedió con el Plan de Apertura de Centros, al que en su primer año de vigencia sólo se sumaron 150 de los más de 1.900 centros educativos y hoy en día el 83% ya lo ha adoptado. Una segunda razón sería que, dada la "implicación" que se requiere de todos los docentes, la incorporación al programa requiere del voto favorable de dos tercios del claustro de profesores y en dos ocasiones: una para el sí y otra para aprobar los objetivos educativos.

Esto último podría retrasar el proceso, lo que llevaría a los institutos a solicitarlo en su plazo natural, del 1 de septiembre al 15 de octubre, ya que este del mes de marzo es extraordinario por ser el primero.

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