El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, afirmó ayer en Sevilla que las comunidades autónomas han sido las "grandes beneficiarias" en la flexibilización del objetivo de déficit público y avanzó que el Gobierno les exigirá en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del jueves que tengan "limitación" y "eficiencia" en el gasto y acometan inversiones "financieramente sostenibles, sin "dispendios ni despilfarros". El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como los secretarios de Estado, está manteniendo encuentros con las fuerzas políticas "para articular la prioridad del Gobierno, que es la aprobación del techo de gasto".

Fernández de Moya valoró la política de "mano tendida" y "diálogo constante" con las comunidades de Montoro, por lo que espera que "las cosas van a ir razonablemente bien", toda vez que "está en juego el futuro de un país, con el objetivo central de aprobar el techo de gasto, que debemos establecer para la elaboración y aprobación de los presupuestos de las comunidades autónomas y de los Presupuestos Generales del Estado".

El secretario de Estado aseguró que las comunidades autónomas "han sido las primeras beneficiarias, al haber conseguido el Gobierno que la Comisión Europea (CE) amplíe el objetivo de déficit público para 2017 de España del 0,3% al 0,7%, que "es irrenunciable". Dicha ampliación "no significa que rebajemos el objetivo de déficit que hay que cumplir", aclaró. Asimismo, Fernández de Moya apuntó que el Gobierno "ha hecho un esfuerzo, pues ha asumido lo que significa tener 5.000 millones de euros menos, haciendo un esfuerzo en los presupuestos del Estado y preservando las políticas sociales, educación, sanidad y pensiones, sabiendo que está ese techo de gasto". "Estoy convencido de que al final darán sus frutos las negociaciones y conseguiremos este acuerdo en beneficio de las comunidades autónomas".

El secretario de Estado hizo hincapié en que "cada comunidad elabora su presupuesto, pero sabiendo que el año próximo vamos a gastar 5.000 millones de euros menos sobre 2016", lo cual, según aclaró, "no significa ningún recorte, pues el esfuerzo lo hace el Estado". Por ello, Fernández de Moya pidió "un ejercicio de eficiencia en la aplicación del gasto, que se haga sobre inversiones financieramente sostenibles, no sobre despilfarros o dispendios que no nos podemos permitir, pues ese objetivo de déficit público es irrenunciable para España y las comunidades autónomas".