Ni es la primera vez, ni será la última, que una decisión del PSC provoca una crisis en sus relaciones con el PSOE. Pero esta vez, a la identificación de Cataluña como nación se ha sumado la rebelión de los diputados del PSC en la investidura de Rajoy. Sin este último factor, la crisis no hubiera sido superior a la de 2013, cuando el PSC, dirigido entonces por Pere Navarro, asumió el derecho a decidir. Fue entonces cuando el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, llegó a un acuerdo con todos los barones, incluido el catalán, para fijar la posición del PSOE sobre el modelo territorial de España. Fue la llamada Declaración de Granada, aprobada el 6 de julio de 2013 en esta ciudad. Al día de hoy, sigue siendo la doctrina socialista en materia federal, y propone el desarrollo de un modelo de federación para avanzar sobre el Estado de las autonomías de 1978.

El texto aprobado en Granada no recoge la asunción del término nación para Cataluña ni la plurinacionalidad de España, conceptos a los que sí se ha sumado el PSC en su último congreso y que fue defendido por el ex secretario general Pedro Sánchez después de dimitir. Lo que el PSOE solicitaba era la reforma constitucional para introducir "hechos diferenciales y singularidades políticas", pero siempre cuidó que se salvaguardase la igualdad de los españoles a la hora de acceder a los servicios básicos. Como hecho singular, por ejemplo, se cita la lengua propia, algunas variaciones en el Derecho civil, pero también la circunstancia andaluza, ya que fue la única comunidad que accedió a su autonomía mediante un referéndum popular. En los casos catalanes, gallego y vasco se rescató, en una medida inédita y única en la Transición, la legalidad republicana y el resto fue concedido por el Gobierno ya constitucional. Sólo Andalucía debió pasar por las urnas.

Rubalcaba estuvo negociando durante un año esta declaración, que es el resumen de un texto más amplio que se incorporó a la última Conferencia Política. Las diferencias sobre este acuerdo quedaron patentes el lunes pasado, cuando Miquel Iceta, el actual líder del PSC, aseguró que "Granada es un punto de partida", mientras que el presidente de la gestora, Javier Fernández, la citó como "punto de llegada".

En los últimos días, desde el PSOE andaluz se ha solicitado al PSC que explique qué consecuencias jurídicas y políticas tendría que una comunidad fuese, a su vez, una nación. El término, en efecto, puede ser polisémico, pero la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña aporta bastante luz sobre el encaje de la palabra nación. La nación se citaba en dos ocasiones en el Estatut: en el Preámbulo, donde se recordaba que el Parlamento autonómico había definido a Cataluña como una nación en una declaración anterior, y en el articulado, donde se citaban los "símbolos nacionales" de la comunidad. El Constitucional sostiene que la cita del Preámbulo carece de eficacia jurídica, pero en el articulado lo rechaza porque se debe entender que nación, con sus consecuencias jurídicas y constitucionales, sólo hay una, la española, que es la que recoge la Carta Magna. A tales efectos, cabe hablar de símbolos de la nacionalidad, pero no de la nación, término recogido en la Constitución para referirse a algunas comunidades -las otras son regiones-, aunque no las cita.

La Declaración de Granada pretendía salvar la dialéctica entre "inmovilistas" y "secesionistas" mediante una reforma constitucional que "incorporarse hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad". Negociada entre Rubalcaba y Pere Navarro, aunque también con Miquel Iceta, el texto dejaba meridianamente claro que ningún hecho diferencial debía afectar a la igualdad entre los ciudadanos de las distintas comunidades. El nuevo Estado respetaba la "igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar donde resida". Y, de modo categórico, sentenciaba: "Sí a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios o a las discriminaciones". El "respeto a las identidades diferenciadas dentro de España es compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común", de ahí que abogase por la "solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales".

Posteriormente a esa declaración, y coincidiendo con la salida de Pere Navarro, el PSC renució al derecho a decidir. Con motivo de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, ya con Iceta de candidato a la Generalitat, el PSC rectificó en lo que había supuesto sun apoyo al referéndum de autodeterminación. En su último congreso, los socialistas catalanes también rechazaron que un referéndum fuese la solución al rechazo por parte del Estado de un nuevo Estatuto para Cataluña. Su postura actual es que haya una reforma constitucional, aprobada por todos los españoles, que dé abrigo a un nuevo Estatuto, copia del anterior, que sea aprobado por los catalanes.

El problema del PSOE y el PSC es, tal como ha descrito la presidenta Susana Díaz, un asunto de asimetrías. El PSOE renunció a estar como tal en Cataluña, actúa por medio del PSC, pero sus acuerdos sobre la comunidad no sólo no son compartidos, o consultados de antemano, sino que algunas veces no fueron ni comunicados. Así, el PSOE se enteró de la asunción del derecho a decidir por parte del PSC mediante un teletipo. A esto se refirió el lunes Susana Díaz y Alfredo Pérez Rubalcaba, que participó en Barcelona en una conferencia sobre yihadismo. La misma simetría se da para la elección de cargos orgánicos, el PSOE no participa en la dirección de sus aliados catalanes, pero sí al contrario. De hecho, Carme Chacón, militante del PSC, aspiró a la secretaría general del PSOE en el Congreso Federal de Sevilla.

Necesitamos reformar la Constitución para incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas

Sí a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios y discriminaciones

Igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar donde residan

El Estado debe avanzar en su sentido natural: hacia el federalismo

No se necesita ni el retroceso centralizador ni la ruptura sececionista