El empresario y ex presidente del Sevilla Fútbol Club José María González de Caldas negó ayer ante el juez haber efectuado un pago de 60.000 euros al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca a cambio de conseguir una licencia urbanística.

González de Caldas, procesado en el caso Malaya por un presunto delito de cohecho, aseguró en la declaración indagatoria que prestó en el Juzgado de Instrucción número 5, que Roca jamás le exigió dinero a cambio de resoluciones favorables en el Consistorio, según indicaron fuentes jurídicas. Tampoco tiene constancia de que otros promotores tuviesen que ingresar importantes sumas en la caja B del presunto cerebro de la trama corrupta para conseguir permisos de construcción.

Sin embargo, el juez Miguel Ángel Torres considera en el auto de procesamiento que tanto el empresario sevillano como su socio, Miguel López Benjumea, pagaron 60.000 euros para conseguir la licencia de primera ocupación de una promoción de 18 viviendas conocida como Señorío de Marbella.

Asimismo, González de Caldas dijo ayer al magistrado instructor, Óscar Pérez, que firmó un convenio de permuta con el Ayuntamiento en 1997 porque "tuvo que pagar unas deudas" pero en ningún caso se sintió "obligado". En el acuerdo, el ex presidente del Sevilla se desprendió del edificio Golden, un inmueble de su propiedad situado en la avenida Ricardo Soriano, que fue entregado al Consistorio para saldar un débito. En este punto también existen diferencias con lo expuesto en el auto de procesamiento de Torres. Según el juez, De Caldas manifestó en su primera declaración -en 2006- que el ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, y Roca le "impusieron" las condiciones de la operación del edificio Golden.

También compareció ayer el empresario Giovanni Piero Montaldo, procesado por un presunto delito de cohecho. El italiano tampoco reconoció haber efectuado pagos a Roca para lograr favores urbanísticos. En cambio, el sumario de Malaya indica que Montaldo pudo haber desembolsado hasta 300.000 euros para conseguir licencias de primera ocupación para dos promociones que no se ajustaban al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. En la indagatoria, el empresario dice que las únicas transferencias realizadas al ex asesor de Urbanismo están justificadas porque hizo de mediador en una compraventa donde participó Roca.

Otros de los imputados que comparecieron fueron los empresarios José María Enríquez y Carlos García Puente, ambos procesados por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Enríquez reiteró que no había pagado a Roca para construir en Marbella y García Puente, que aparece como administrador único de una sociedad del también procesado Andrés Liétor, dijo que sólo coincidió una vez con el ex asesor.

El juez Óscar Pérez ha citado hoy a Juan Antonio Roca y a dos ex policías por una pieza separada de la operación Malaya. Un informe policial apunta indicios de cohecho en la relación profesional entre los agentes y el cerebro de la trama. El seguimiento a uno de los policías permitió esclarecer el atropello de un peatón por el que fue juzgado y condenado el bailaor Farruquito.