El Gobierno central tiene previsto abrir un "diálogo" con la Junta de Andalucía antes de pronunciarse sobre un posible recurso ante el Tribunal Constitucional contra la recuperación de la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos de la Administración autonómica. Así se pronunció ayer la vicepresidenta y ministra de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los periodistas tras participar en Sevilla en la VI Asamblea de la Agrupación de Miembros del Instituto Internacional San Telmo.

"Trataremos de abordar con la Junta un diálogo para transmitirles esa idea: hay cuestiones en las que conviene que todos tengamos el mismo trato y el mismo sistema para garantizar la igualdad", aseveró Sáenz de Santamaría, para quien ese diálogo es "una fase previa" a tomar la decisión de presentar o no el recurso.Con la abstención del PP y Ciudadanos y el voto a favor del resto de formaciones, el Parlamento de Andalucía aprobó el jueves la convalidación del decreto con el que los más de 270.000 empleados de la Junta a recuperarán la jornada semanal de 35 horas a partir del próximo 16 de enero. Sin embargo, la medida puede ser paralizada si el Gobierno actúa como en el caso de Castilla-La Mancha.

El Ejecutivo presidido por el socialista Emiliano García-Page con el apoyo de Podemos restituyó la jornada semanal de 35 horas a partir del 1 de enero de 2016, mediante la Ley 7/2015, de 2 de diciembre. Sin embargo, los 70.000 funcionarios castellanomanchegos disfrutaron de la medida poco más de cuatro meses. El 6 de mayo se volvieron a aplicar las 37,5 horas semanales al interponer el Gobierno central un recurso de inconstitucionalidad, cuya admisión a trámite supuso la suspensión de la normativa autonómica.

Finalmente, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró su nulidad por ser "incompatible" con la Ley 2/2012 de 29 de junio de los Presupuestos Generales del Estado, según la sentencia publicada el pasado 30 de septiembre. El fallo se basa en los artículos 149.1.7 y 149.1.18 de la Constitución y establece que la normativa autonómica no puede determinar una jornada laboral inferior a la que establece la legislación estatal, aunque sí igualarla o ampliarla.

"Ya hay una sentencia. Evidentemente los derechos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha son los mismos que los de Andalucía", afirmó Hernando, que insistió en que la aprobación de la medida por parte de la Junta supone un "acto de irresponsabilidad" y que el Gobierno central actuará "igual que en Castilla-La Mancha".

Por su parte, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, considera que la Junta ha puesto en marcha la medida a pesar de que es imposible llevarla a cabo. En declaraciones a TVE Moreno acusó a la presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz, de buscar "victimizarse" ante los empleados públicos y lo puso como un ejemplo del "populismo institucional" de los socialistas andaluces. En su opinión, Díaz "sabe perfectamente que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto y, a sabiendas de que no tiene capacidad para reformar una legislación básica del Estado, lo hace". "Quiere que el Gobierno central, en función de sus responsabilidades, al final, tenga que recurrir al Tribunal Constitucional, que se aplace la decisión y ella, una vez más, victimizarse frente a los trabajadores de la Junta", manifestó el dirigente popular, que incidió en que la presidenta está tomando "el pelo" a muchos trabajadores, ya que ni siquiera en los Presupuestos andaluces de 2017 se recoge la "previsión de gasto para esa reducción de jornada".

Desde la Junta, su vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, criticó que Moreno mantiene un "discurso ambiguo y sólo hace piruetas por su sumisión al PP nacional". Además, exigió al Gobierno central que reconsidere su postura y no recurra ante el Constitucional.

El Ejecutivo regional sugiere que la recuperación de la jornada de 35 horas semanales sea incluida en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año para que "vuelvan a ser una conquista de los trabajadores". "En vez de estar intentando frenar a las comunidades autónomas, el Gobierno debería hacer una apuesta política para que no hubiera cortapisas en los Presupuestos del Estado y se incorporen las 35 horas para todos los empleados públicos de España", defendió la consejera de Hacienda, María Jesús Montero.