El Gobierno discrepa sobre la constitucionalidad de 6 artículos de la Ley de Puertos de Andalucía

  • Los artículos que cuestiona el Gobierno afectan a la concesión por parte de la Junta de autorizaciones para introducir usos hoteleros dentro del dominio público portuario

El Gobierno ha comunicado a la Junta de Andalucía las "discrepancias" que mantiene en relación con la constitucionalidad de seis artículos de la Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, aprobada por el Parlamento autonómico el pasado mes de diciembre.

El Ejecutivo central trasladó a la Junta esta posición el pasado 11 de marzo durante una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se acordó "iniciar negociaciones para resolver" dichas discrepancias.

Dicho acuerdo, que debe ser comunicado al Tribunal Constitucional (TC) antes del próximo 28 de marzo incluye la designación de un grupo de trabajo encargado de proponer "la solución que proceda" a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación.

Las "discrepancias" del Ejecutivo central con la nueva Ley de Puertos de Andalucía se centran en los artículos 1.3, 4.b, 16.2, 16.3, 20.3, 37 y en el apartado segundo de la disposición adicional cuarta. Este último apartado abre la posibilidad de que la Junta integre en el sistema portuario de Andalucía la gestión de las instalaciones pesqueras y náutico-deportivas situadas en puertos de interés general cuando no sean gestionadas directamente por el Estado.

Por su parte, los artículos cuya constitucionalidad cuestiona el Gobierno de la Nación afectan a la concesión por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de autorizaciones con carácter "excepcional" para introducir usos hoteleros de nueva implantación dentro del dominio público portuario, una de las principales novedades introducidas por el Ejecutivo andaluz con esta norma.

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó el pasado 4 de diciembre, con la oposición del PP y la abstención del PA, la Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, que desarrolla el nuevo marco competencial derivado del Estatuto de Autonomía e introduce como novedad la posibilidad de introducir usos hoteleros de nueva implantación dentro del recinto portuario sujeta a "autorización excepcional" por parte del Ejecutivo autonómico.

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