La Fiscalía mantiene los cargos contra el alcalde de Atarfe por vertidos ilegales

  • El Ministerio Público sostiene que el Ayuntamiento no hizo nada por solventar la ilegalidad

Los vertidos de aguas residuales en la urbanización Llanos de Silva de Atarfe por el deficiente mantenimiento de la depuradora fueron "ilegales" y provocaron "una contaminación continuada", sin que el Ayuntamiento del municipio solventara la situación. Así lo consideró ayer la Fiscalía, en la segunda y última sesión del juicio por el riesgo ecológico que generó, entre 2001 y 2007, el abandono de aquellas instalaciones. Por eso, decidió mantener los cargos que había formulado contra el alcalde del municipio, Víctor Sánchez (PSOE), por un delito contra los recursos naturales y posible prevaricación medioambiental.

El regidor, según el Ministerio Público, tenía conocimiento de las continuas quejas de los vecinos, "y conocía y consentía el deficiente funcionamiento de la depuradora". Sin embargo, no puso fin a la situación "incumpliendo sus obligaciones de garante". También mantuvo la fiscal su acusación contra Ramiro P.B., el que fuera administrador de Franisán, la empresa promotora de la urbanización afectada. La explicación que ofreció en este caso fue que, si bien los vecinos debieron de constituir una entidad de conservación para mantener las instalaciones -lo cual nunca se hizo-, las obras "no estaban recepcionadas" y, en esas circunstancias, "el mantenimiento de la depuradora correspondía a la promotora".

Ahora, el juez de lo Penal 1, que se ha encargado de enjuiciar el caso, deberá determinar en la sentencia si ambos acusados merecen reproche penal o no. Los dos procesados restantes fueron exculpados.

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