El nuevo Estatuto cumple hoy su primer año de vigencia y "poco o nada" ha cambiado en Andalucía para la oposición. Un "fiasco general", fruto de la "incapacidad" del Ejecutivo andaluz al que achacan que ni siquiera haya avanzado en la negociación de la deuda histórica con el Gobierno central, es el resumen que hacen PP, IU y PA de este "tiempo perdido". Visión diametralmente opuesta es la del PSOE. Aunque será en esta legislatura cuando, según los socialistas, se hará más visible el salto cualitativo y cuantitativo para la comunidad, consideran que ya en este primer aniversario el nuevo marco estatutario ha dado sobradas muestras de utilidad.

En cuatro logros sitúa el secretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, la prueba de los "grandes avances". El primero atañe al cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera y por el que las inversiones estatales se han adecuado al criterio poblacional, de manera el 17,8% de éstas ya han sido consignadas para Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado de 2008. Aunque por ahora se hayan concretado sólo los 300 millones de anticipo de la deuda histórica, el segundo avance, según Pizarro, es que hasta el próximo 20 de septiembre tendrá lugar el debate parlamentario y la negociación Junta-Gobierno para su cuantificación definitiva. Algo para lo que han tomado como punto de partida 1.500 millones, pese a la discrepancia de los demás partidos que la han tachado, cuanto menos, de insuficiente.

Los dos hitos restantes están vinculados al mayor autogobierno y los nuevos derechos sociales: el traspaso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda que, como apunta Pizarro, "será lo primero quese llevará al Parlamento".

Con esta base, y la previsión de 22 nuevas leyes y la reclamación de un paquete de nueve competencias más al Gobierno central para la próxima legislatura, el dirigente socialista justifica su satisfacción, a la vez que muestra su incomprensión hacia la "lamentable" actitud de la oposición, a la que recrimina -salvo en el caso de los andalucistas, que fueron contrarios al Estatuto- "no ser capaz de reconocer el gran avance de algo que ellos mismos apoyaron".

El análisis más crítico corre a cargo de andalucistas y populares. Tanto el secretario general de PP-A, Antonio Sanz, como la ex parlamentaria andalucista, Pilar González, consideran que ha sido "un año perdido". "Se podría haber avanzado más, sobre todo, si se hubiera apostado por fortalecer el consenso que se tuvo para su aprobación, para ahora su desarrollo", explica Sanz, que apuesta por la creación de un "grupo de seguimiento" que cada seis meses informe sobre la evolución en la ejecución del Estatuto.

En el bloqueo e indefinición de la deuda histórica, la no transferencia plena de la CHG, la falta de desarrollo de leyes como las de Vivienda, Inclusión Social, Pacto Local o Dependencia, ven Sanz y González los ejemplos más palpables de la "dejación de funciones" del Ejecutivo que preside Manuel Chaves. Por ello, Sanz concluye que es "poco Gobierno para tanto Estatuto", mientras González apostilla que "su falta de compromiso es porque el PSOE andaluz no tiene el mismo concepto de autonomía y autogobierno de sus compañeros vascos y catalanes".

El único punto de coincidencia de IU con PP y PA es en la deuda histórica. Su coordinador regional, Diego Valderas, reprocha a Gobierno y PSOE la "incapacidad" para su consecución, que achaca a su "miedo" por abordarla cerca de una consulta electoral.