La Costa del Sol española constituye uno de los destinos preferentes para los fugitivos británicos, pese a que desde 2006 ya han sido detenidos ocho, según se puso de manifiesto en un foro sobre crimen organizado celebrado en Reino Unido.

Estos criminales aprovechan la Costa del Sol, conocida en el país vecino como Costa del Crimen, para escapar de la Justicia y continuar cometiendo delitos en la Península. El pasado mes del enero la Policía distribuyó un listado con diez de los criminales británicos más buscados que cree que residen en el territorio español.

Con todo, la colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países está dando resultados y, desde que en octubre de 2006 se puso en marcha la conocida como Operación Captura, hasta ocho personas fueron detenidas, en acciones en las que colaboraron la Policía británica y la española y asociaciones como Crimestoppers, que estrenó en España la ampliación de su campo de acción fuera de las islas.

La organización llegó incluso a habilitar una línea para ayudar a los oficiales de su país a dar con los fugitivos y recibió cientos de llamadas para facilitar información que, entre las últimas detenciones que permitió, figura la de uno de los hombres más buscados por la Policía británica, relacionado con el tráfico de estupefacientes y que se encontraba viviendo en Murcia.

En este sentido, España se convirtió en un destino habitual de los fugitivos británicos tras el fin del tratado de extradición con Reino Unido en 1978 y, según el responsable de la unidad de Fugitivos de la Policía española, Lorenzo Martínez, mantiene esta condición porque los criminales ven fácil esconderse entre los 350.000 paisanos que residen en la zona.

Libre movimiento de los criminales

Además, las reducidas tarifas de los vuelos de bajo coste y la falta de control en las fronteras aeroportuarias de los países de la Unión Europea (UE) favorecen el libre movimiento de criminales para evitar que pasen a disposición de la Justicia,.

Por ello, los ponentes del foro celebrado en Reino Unido, entre los que figuraban responsables de unidades policiales, reclamaron un incremento de los poderes de extradición de sospechosos y el endurecimiento de la actual normativa, que sólo autoriza los arrestos una vez que las fuerzas de seguridad tienen suficientes evidencias para imputar un cargo.

El actual sistema, que introduce garantías en la detención, fue revisado en 2004 para permitir la reducción del tiempo de extradición, pero las prerrogativas sólo pueden ser aplicadas cuando la Policía tiene pruebas suficientes contra un supuesto criminal.

En este sentido, intervenciones como la del comisario jefe de Merseyside, Hogan Howe, advirtieron de un significativo número de delitos cometidos por una "segunda división" de criminales se estarían beneficiando de las tarifas de las compañías de bajo presupuesto y la falta de control en las fronteras.

Actualmente estas personas, explicó, no precisan el amparo de organizaciones a gran escala para lograr huir, ya que con una pequeña cantidad de dinero en un vuelo 'low cost' pueden "irse de nuestras manos" y, generalmente, aprovechan la operación para el tráfico de estupefacientes.

Por ello, reclamó mayor capacitación normativa para hacer a las fuerzas de seguridad "tan flexibles como ellos" e, incluso, propuso regular interrogatorios a bordo de los aviones y permitir a los oficiales de incógnito adquirir mayores poderes de vigilancia y perseguir a sospechosos entre las fronteras.