El Consejo Consultivo de Andalucía cuestiona la definición de víctima de la represión franquista recogido en el anteproyecto de ley de memoria democrática de Andalucía y aconseja a la Junta adaptarse a la ley estatal aprobada en 2007.

Este órgano superior de consulta de las administraciones públicas andaluzas se reunió ayer en sesión plenaria para dictaminar sobre el anteproyecto que impulsa la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, dirigida por Diego Valderas (IU). El texto fue aprobado el pasado marzo por el Consejo de Gobierno y el trámite del Consultivo es preceptivo antes de la aprobación del proyecto de ley que se remitirá al Parlamento.

Según ha podido conocer esta redacción, el Consejo Consultivo ha elevado unas recomendaciones en las que considera que el texto de la ley no recoge todas las casuísticas posibles en cuanto a las víctimas de la represión franquista. Una de las controversias anotadas por el Consultivo, que consideraría que con la redacción actual traería problemas jurídicos, es la identificación de víctimas que, según su interpretación, no están recogidas. En el plenario se mencionó el caso, por ejemplo, de un rumano que luchó en Sevilla y fue fusilado, el de un uruguayo que luchó en la Guerra Civil y falleció en Granada o el de un madrileño que murió en Jaén. Para consejeros del Consultivo, estas situaciones no están recogidas en la redacción actual.

Aparte de la motivación territorial, habría otras casuísticas ausentes. El texto reconoce como víctimas del franquismo a los republicanos, pero nada dice en cambio por ejemplo de los carlistas que lucharon contra el franquismo, pero eran monárquicos. ¿Fueron víctimas de la represión franquista o no?, se preguntaron en el Consultivo. Esta indefinición ha llevado a este órgano a elevar unas recomendaciones a la Consejería de Administración Local, aunque el texto obtuvo un dictamen positivo, con tres votos particulares en contra.

Fuentes de la Consejería señalaron que esperarán a la recepción oficial del informe y se mostraron convencidos de que con la ayuda de los servicios jurídicos se concretará la forma en la que se reconoce a las víctimas de la represión franquista.

La ley andaluza amplió el catálogo de víctimas recogiendo, además de a los fusilados, guerrilleros, condenados, exiliados, familiares de desaparecidos y represaliados, a los niños robados y a quienes sufrieron la tortura de estar en los campos de exterminio nazis. Además, abarca hasta el 11 de enero de 1982 y por eso se llama ley de memoria democrática.