La Comisión Europea (CE) dijo que no quiere "interferir" en legislaciones adoptadas a nivel regional, pero reiteró que el plan andaluz de expropiación temporal de viviendas puede poner en riesgo los objetivos del rescate bancario español y que ahora depende del Gobierno del país tomar cartas en el asunto. "Puedo confirmar que se ha enviado una carta de nuestros servicios a las autoridades españolas y, como hemos dicho anteriormente, la CE es plenamente consciente de las dificultades que afrontan muchos hogares españoles con altos niveles de deuda relacionada con las hipotecas", señaló el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor.

En la misiva enviada por la CE al Gobierno español, el Ejecutivo comunitario reitera la importancia de que se refuerce la estabilidad financiera, dijo el portavoz. Explicó que desde la CE "simplemente se ha invitado a las autoridades españolas a que clarifiquen, tanto en beneficio de los inversores nacionales como internacionales, la situación" jurídica y de coexistencia de legislaciones con respecto a los desahucios. O'Connor agregó que desde la CE "alentamos" a las autoridades a salvaguardar el objetivo del rescate bancario. En su carta, la CE se pregunta cómo es posible que coexistan con la legislación española otras "piezas normativas" con rango de ley, una situación que ve "poco clara". La CE ha pedido al Gobierno español que vele por el restablecimiento de la estabilidad financiera y "evite cualquier medida" que pudiera impedir u obstaculizar seriamente que España logre recuperar la estabilidad financiera, indicó O'Connor.

La respuesta a los temores expresados por la CE corresponde al Gobierno español determinarla, dijo. "Corresponde a las autoridades españolas ver cómo abordan este asunto", señaló el portavoz, quien no quiso pronunciarse sobre si el decreto andaluz viola el memorando de entendimiento que ha firmado España sobre las condiciones y objetivos del rescate bancario. "No lo describiría así. Diría que consideramos que el decreto genera riesgos en cuanto al cumplimiento de los objetivos del programa", sostuvo.

El portavoz recordó que la CE ha abordado este tema en numerosas ocasiones con las autoridades españolas y que el Gobierno de Madrid ha aprobado una legislación nacional sobre desahucios, cuya implementación tiene que ser "vigilada de cerca" por el mismo problema. Agregó que el Ejecutivo español trata de reconciliar y poner el equilibrio adecuado entre la "importante preocupación" de proteger a los endeudados más vulnerables y por otro lado garantizar la estabilidad financiera. "La CE no desea interferir en legislaciones adoptadas a nivel regional, pero sí nos preocupa que, finalmente, ese decreto no se ajuste a ese equilibrio necesario" que busca el Gobierno, señaló el portavoz comunitario. También reiteró que el decreto andaluz podría ser visto como un factor que debilita la calidad de los activos.

Además, la CE está especialmente preocupada por las provisiones sobre las sanciones previstas a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías y las expropiaciones temporales, así como por "la falta de claridad sobre la división de responsabilidades entre los distintos niveles" de la administración. "Tememos que estos factores puedan acrecentar la incertidumbre en el mercado español de vivienda, retrasar su ajuste y desalentar a inversores, lo que con el tiempo puede representar un desafío para la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)", que debe vender los activos tóxicos inmobiliarios que le han traspasado las entidades financieras, agregó O'Connor. Es por ello que la CE teme que el principal objetivo del programa de saneamiento de la banca española -que es restaurar su viabilidad y garantizar el acceso a los mercados de las entidades- "podría retrasarse o no producirse" en absoluto, explicó O'Connor.

Andalucía reta al Gobierno a recurrir el decreto

La Junta de Andalucía ha acusado al Gobierno de utilizar como "excusa" las objeciones de la Comisión Europea para presentar un recurso contra el decreto de la función social de la vivienda, y le ha retado a que sea "valiente, coja el toro por los cuernos y no busque aliados que no pintan nada". En conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha dicho que el Gobierno central está buscando una "coartada" para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto porque es una decisión "muy drástica e impopular" que los ciudadanos no entenderían.

"Cómo va la gente a entender que se recurra este decreto cuando le hemos dado 41.000 millones a la banca; cómo va a entender la gente que no se permita la dación en pago y se eche a los ciudadanos a la calle, o cómo va a entender la gente, a la que han estafado con las preferentes, que se les den 41.000 millones a la banca", se ha preguntado el portavoz, que ha agregado que recurrir el decreto sería un "escándalo monumental". A su juicio, la "felicidad" de las familias que no han sido desahuciadas de sus viviendas no puede poner en "tela de juicio" la estabilidad financiera de un país como España, una conclusión que ha calificado de "barbaridad".

Ha calificado de "alarmista y poco solvente" la comunicación remitida por la Comisión Europea al Ministerio de Economía, y ha apostillado que sus conclusiones se interpretan "desde el lado de los poderes financieros, no de los ciudadanos". "Nos cuesta pensar que una medida de estas características pueda poner en riesgo la estabilidad financiera. Si fuera así, o nos están mintiendo y no es tan fuerte el sistema financiero, o en la Comisión Europea los que mandan son los bancos", ha apostillado. Ha incidido en que en numerosos países europeos, como Holanda, es "legal" incluso la ocupación de una vivienda cuando ha estado vacía un año, mientras que en Alemania y Suecia se pueden hasta "derribar" viviendas vacías, de forma que la legislación andaluza "está incluso por debajo de estas penalizaciones".

El portavoz del Gobierno andaluz ha subrayado, además, que el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, apoyó "abiertamente" la iniciativa promovida desde Andalucía, de la que ha dicho que tiene "anclaje" en la Constitución y en distintas normativas internacionales. "Creemos que la Unión Europea no tiene competencia ninguna sobre este asunto de carácter nacional", ha remarcado Vázquez, que ha opinado que la conclusión de la CE está "magnificada" por el Gobierno central.