Caso de los ERE

La Audiencia exculpa al ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas y a otros dos ex altos cargos en la "pieza política" de los ERE

  • La causa del denominado "procedimiento específico" de los ERE se dirige ahora contra 22 acusados, dado que recientemente la Audiencia también exculpó al ex viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez Martín.

Justo Mañas. Justo Mañas.

Justo Mañas. / Juan Carlos Muñoz

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La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha exculpado de la denominada "pieza politica" de los ERE al ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde, al ex director de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, y al ex viceconsejero de Empleo de la Junta Justo Mañas, al estimar los recursos presentados por estos tres ex altos cargos contra el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que los procesó junto a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con la exculpación de estos tres ex altos cargos, la causa del denominado "procedimiento específico" de los ERE se dirige contra 22 acusados, dado que recientemente la Audiencia también exculpó al ex viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez Martín.

Justo Mañas fue viceconsejero de Empleo entre el 1 de abril de 2010 y el 10 de mayo de 2012, además de miembro del consejo rector de la agencia Idea, y coincidió en el cargo con el entonces consejero Manuel Recio, cuya causa fue archivada, por lo que la defensa de Mañas, que ejerce el letrado Miguel Cuéllar, consideró "contradictorio" que se acordara el sobreseimiento provisional con respecto al máximo responsable de la Consejería de Empleo y se mantenga sobre el "segundo de a bordo" de la misma.

Dice la Audiencia que la diferencia que estableció el juez de refuerzo Álvaro Martín entre el consejero y el viceconsejero no es otra que Justo Mañas "tuvo conocimiento" de que en la Dirección General de Trabajo se seguían concediendo ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con vulneración de la legislación en materia de subvenciones y a pesar de ese conocimiento permitir que en Idea se continuara "actuando de modo torticero, mientras que no se predica tal conocimiento en el señor Recio".

El tribunal añade que aunque Mañas participó en varias sesiones del consejo rector de Idea, en "ninguno de los acuerdos adoptados en esas sesiones han sido abonados por la Dirección General de Trabajo como ayudas sociolaborales y a empresas en crisis", por lo que "no se puede predicar que el apelante participara de modo alguno en la aprobación de acuerdos que supusieran la concesión de las mencionadas ayudas".

Los magistrados reconocen que durante su mandato se concedieron ayudas a los astilleros de Sevilla y de Huelva, pero sobre esta última señala que lo relevante era que la misma se efectuó "conforme a la tramitación para las subvenciones extraordinarias", un criterio que ha sido corroborado por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

El auto recuerda que el denominado "procedimiento específico" se creó en el año 2000 y se mantuvo durante una década sin que por parte de las personas que hayan podido participar en el mismo "pusieran freno a esta huida hacia delante, consistente en no respetar y/o imponer los mínimos controles que la legislación ofrece para garantizar el correcto uso de los fondos públicos, esencial en un Estado Social de Derecho Democrático, como define la Constitución a España"

Y en el año 2008, la "caótica y errática actuación" del director de Trabajo Javier  Guerrero  dio lugar a su cese y al nombramiento de Juan Márquez en abril de ese año. Durante el mandato de este último, se detectó que los expedientes de las ayudas eran "extremadamente irregulares", pero durante el mandato de Manuel Recio y Justo Mañas "hubo importantes cambios en la concesión de dichas ayudas, por lo que no se puede predicar sin más que su actuación se limitó a mantener el sistema implantado a partir del año 2000", dado que se tomaron las medidas de control de los expedientes de ayudas de la Dirección General de Trabajo y en la la Consejería de Empleo "desaparecieron las transferencias de financiación como mecanismo d concesión de dichas ayudas".

Además, en noviembre de 2010 se inició en la consejería un plan de acción de medidas concretas y de recuperación de pagos indebidos, por el que se realizó un procedimiento de información reservadas en relación con las ayudas a Mercasevilla, al que siguieron otros acordados por el entonces director de Trabajo Daniel Alberto Rivera. Estos procedimientos dieron lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales "72 nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas". Estas 126 personas han percibido "más de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamación", precisa la Audiencia.

La Cámara de Cuentas añadió que a partir del año 2010 con la "determinación activa del señor Rivera", se han revisado de oficio ayudas por importe de más de 67 millones, por lo que con respecto a los tres investigados -Justo Mañas, Daniel Alberto Rivera y Antonio Valverde- de los hechos expuestos "se desprende más bien que contribuyeron al desmontaje del sistema urdido sobre la base de las transferencias de financiación como método irregular de distribución de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis tan reiteradas". De ahí, que en el caso de los tres ex altos cargos "no se puede predicar que concurran indicios sólidos para mantenerlos como imputados en esta causa, sin perjuicio de las responsabilidades penales derivadas de los pagos hechos a través de la asunción de compromisos adquiridos con anterioridad al ejercicio de sus funciones en la Consejería de Empleo, que corresponde esclarecer, en su caso, en los procedimientos concretos que se hayan abierto o abrán para indagar cada ayuda en concreto".

La Audiencia de Sevilla, en otros dos autos, se pronuncia en términos similares con respecto a las acusaciones contra el ex director general de la agencia Idea Antonio Valverde y el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera.

Sobre Daniel Rivera, la Audiencia señala que es cierto que en el año 2010 acordó la concedión de ayudas por importe de unos 36 millones, pero "no lo es menos que tanto en la Consejería de Empleo como en la dirección general de Trabajo durante su mandato se adoptaron medidas tendentes a cambiar el estado de las cosas, por lo que no se puede predicar que mantuvo sin más el procedimiento específico", concluye.

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