Caso de los ere

Anticorrupción pide a Alaya que eleve al TSJA una exposición razonada sobre los aforados autonómicos

  • Reclama que se formen piezas separadas pero pide que se nombren "jueces de apoyo" porque la carga de trabajo y lo ingente de la causa haría "inoperante" dicha división en piezas. Considera que algunas piezas relacionadas con ayudas a nueve empresas podrían ser enjuiciadas en 2015 si se acelera la instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, y Manuel Recio, después de que el Tribunal Supremo sólo asumiera la competencia para investigar a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de los diputados Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, y de la senadora Mar Moreno.

En el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción ha planteado la práctica de una auténtica batería de nuevas diligencias. El fiscal recuerda que según la decisión del Supremo, la causa debe dividirse en piezas separadas, y en concreto considera que la pieza  relativa a las ayudas a la Sierra Norte "deberá seguir siendo objeto de instrucción en el juzgado" de Alaya, aunque debe remitirse testimonio de la misma al Tribunal Supremo conforme al contenido de la exposición razonada en relación con el ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera Chacón, y añade que ese testimonio "podrá actualizarse con el resultado material de las diligencias que se sigan practicando en esta sede judicial".

La Fiscalía Anticorrupción solicita a la instructora que con carácter previo a remitir las actuaciones a la Sala del Tribunal Supremo de lo que tenga relación con las personas aforadas se proceda a la formación de piezas separadas para la instrucción y enjuiciamiento de la presente causa.

Dice la Fiscalía que la pieza relativa al denominado procedimiento específico "deberá seguir siendo objeto de instrucción en el juzgado" de Alaya, debiéndose remitir testimonio de la misma tanto al Tribunal Supremo como al TSJA.

Las piezas que se formen para la instrucción y enjuiciamiento de las singulares ejecuciones en que se tradujo materialmente el procedimiento específico -ayudas sociolaborales y ayudas a empresas- son competencia,  según la Fiscalía, del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla,  “estando algunas de ellas en un estado de instrucción tan avanzado -Aglomerados Morell, Surcolor, Saldauto, Matadero de Fuenteobejuna, Riogrande, Acyco, Calderinox, Hotel Cervantes, Mercasevilla- que sería posible abrir la fase de enjuiciamiento en el año 2015”.

No obstante, Anticorrupción subraya que la "carga de trabajo del juzgado y lo ingente de la tarea hace inoperante la división de la causa en piezas si no se produce de forma inmediata a la necesaria provisión de jueces de apoyo, dotados de recursos humanos y materiales, que permitiese avanzar simultáneamente en la instrucción de las piezas que se formen". 


Junto a esta petición, la Fiscalía ha propuesto otras diligencias para el "avance de la instrucción", entre las que cita expresamente que se proceda a la "ratificación judicial" de los informes periciales elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado; que sean oídos en calidad de perito-testigo los integrantes del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas; que se proceda a la ratificación judicial de los informes periciales elaborados por la Dirección General de Seguros; que se oficie a la Agencia Tributaria para que informe del estado actual de la pericia y auxilios jurisdiccionales acordados, en particular, de los informes de delito contra la Hacienda Pública; y que sean oídos en calidad de testigos en sede judicial nueve personas que ya han declarado ante la Guardia Civil.

La Fiscalía solicita estas diligencias porque entiende que deben practicarse a la "mayor brevedad" posible "para agilizar y evitar mayores demoras en la instrucción de la presente causa". El fiscal ha enviado este escrito porque recuerda que, según su estatuto orgánico, el fiscal tiene que "velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes".

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