Andalucía llega en enero a la mitad del déficit previsto para todo el año

  • Cierra el primer mes del año con un desequilibrio del 0,17% frente al objetivo del 0,3% para 2016. Extremadura y Navarra ya superan la meta, mientras cuatro comunidades registran superávit.

Andalucía cerró enero con un déficit del 0,17% del Producto Interior Bruto (PIB), con un desfase de 252 millones de euros, lo que supone más de la mitad del objetivo previsto para todo el año, del 0,3%.

Extremadura y Navarra ya superaron en enero el objetivo anual y la Comunidad Valenciana estaba a las puertas. Cuatro comunidades tenían superávit y otras dos estaban en equilibrio, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a los que ha tenido acceso Efe en medio de la controversia por las advertencias a las comunidades del ministro del ramo, Cristóbal Montoro, tras conocerse la cifra de 2015.

Y es que España cerró el ejercicio con un déficit público del 5,16% del PIB, una desviación de 10.400 millones respecto a lo pactado con Bruselas que Montoro achacó a las comunidades, a las que impedirá elevar su gasto por encima de su crecimiento anual estimado.

Las regiones registraron un desequilibrio fiscal del 1,66% en 2015, frente al 0,7% acordado. En el caso concreto de Andalucía, el saldo negativo fue del 1,13%, medio punto por debajo de la media regional. En este contexto, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, acusó a Rajoy y a Montoro de "tramposos" por "manipular" las cifras de déficit y cargar las culpas a las comunidades, y les advirtió que no hará "ni un solo recorte".

Para este año, el objetivo marcado para las comunidades es del 0,3%, un tope al que, paradójicamente, ya han llegado en enero dos de ellas: Extremadura, con el 0,46%, y Navarra, con el 0,33%, mientras que la Comunidad Valenciana lo roza, con el 0,24%.

Cantabria está en el 0,19%; Cataluña, en el 0,18%; Andalucía, en el 0,17%; Aragón, en el 0,12%, y Madrid, en el 0,11%. El resto baja del 0,10%, mientras el País Vasco y La Rioja están en equilibrio.

Hay cuatro autonomías con superávit, que en el caso de Murcia es del 0,25%, en el de Galicia del 0,08%, en tanto que Baleares y Castilla y León tienen sus cuentas en positivo en un 0,01%.

Tomando como referencia la cifra absoluta, Cataluña es la comunidad con más déficit, con un desfase de 338 millones, seguida de Andalucía, con 252 millones, la Comunidad Valenciana, con 251, y Madrid, con 229 millones. Frente a ellas, La Rioja está a cero y el País Vasco tiene un déficit de dos millones, los mismos que Baleares. En números positivos está Castilla y León, con cuatro millones extra, Galicia, con 45 millones, y Murcia, que tiene 73 millones de superávit.

Ante esta brecha de las cuentas públicas regionales, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió esta semana a las autonomías incumplidoras que se aplicará estrictamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, empezando por limitar el gasto.

La primera medida adoptada ha sido el envío por parte de Montoro de una carta instando a las regiones incumplidoras a aprobar un acuerdo de no disponibilidad de gasto, de manera que no aumenten el gasto más allá del potencial crecimiento de la economía. Es decir, que no lo suban más del 1,8%.

Poco más, teniendo en cuenta que el Gobierno está en funciones. No obstante, lo cierto es que la ley permite al Ejecutivo ir mucho más lejos, incluso llegar a la intervención de una comunidad. Y es que la normativa, aprobada en 2012, contempla medidas preventivas, correctivas y coercitivas para asegurar el equilibrio de las cuentas.

Así, introduce un mecanismo automático de prevención para garantizar que no se incurre en déficit estructural al final de cada ejercicio y otro de alerta temprana, con una advertencia que permitirá que se anticipen las herramientas necesarias de corrección en caso de que se aprecie riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad, de deuda pública o de la regla de gasto.

Contempla igualmente medidas automáticas de corrección, de forma que el cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta tanto para autorizar las emisiones de deuda, la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios.

Si no se presenta un plan económico-financiero o si se incumple, la administración deberá aprobar una no disponibilidad de créditos y constituir un depósito.

Llegado el caso, el Ministerio de Hacienda podría crear una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada, que debería presentar una propuesta de medidas de obligado cumplimiento y sus conclusiones se harían públicas en una semana.

La normativa recoge la posibilidad extrema de que el Gobierno central adopte medidas para obligar al cumplimiento forzoso de los requisitos necesarios para cumplir los compromisos de consolidación fiscal. Requiere, eso sí, la aprobación por mayoría absoluta del Senado, pero faculta al Gobierno para suspender una autonomía y dar instrucciones a las autoridades de esa comunidad. A este punto Montoro no quiere llegar.

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