Escándalo de los ERE

Alaya manda a prisión al ex chófer de Guerrero que dilapidó fondos públicos

  • Juan Francisco Trujillo revela a la juez que él y su jefe gastaron 25.000 euros al mes en cocaína, fiestas y copas · Fue a Madrid a por sobres con "mucho dinero" de uno de los brókers para el ex alto cargo.

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Segundo ingreso en prisión por el escándalo de los ERE en lo que va de campaña electoral. La juez Mercedes Alaya decretó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, tras confesar que dilapidó un millón de euros de las ayudas públicas que éste le concedió en cocaína, fiestas y copas. Más que la declaración de un imputado, la comparecencia de Trujillo ante la magistrada pareció como si se tratara de un haraquiri, dado el cúmulo de irregularidades que el antiguo chófer confesó durante las más de ocho horas de comparecencia en el juzgado.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen la Junta, el PP y el sindicato Manos Limpias solicitaron la prisión provisional y una fianza de 2,3 millones euros para hacer frente a la posible responsabilidad civil derivada de los hechos que se le imputan. En esa cantidad se incluyen los 1,3 millones que recibió en subvenciones, los 125.000 euros de la póliza falsa hecha a nombre de la madre y la posible ganancia por la venta de los terrenos que había comprado en Jaén con los fondos públicos.

La acusación particular que ejerce el PP solicitó a la juez la inmediata detención del responsable de Vitalia, Antonio Albarracín, después de que Trujillo asegurara que éste le entregó dos sobre con mucho dinero dirigidos al ex director de Trabajo. El PP también reclamó la clausura y precinto de las instalaciones de Vitalia en Madrid.

Anticorrupción justifica la petición de prisión provisional en la gravedad de los delitos -once le imputó inicialmente la magistrada- y la posible pena a imponer -el fiscal dijo que sólo por malversación la pena es de 12 años de cárcel-, el riesgo de fuga y la necesidad de continuar las investigaciones que el imputado podría entorpecer si sigue libre.

El ex chófer confesó que recibió dos subvenciones por importe de 450.000 euros cada una mediante empresas que creó y que no eran reales, como mucho reconoció que presentó algún boceto de proyecto pero no una solicitud formal, y se desmarcó de una tercera ayuda por la misma cantidad que percibió otra sociedad de la que también era socio. Guerrero, dijo el antiguo conductor, le entregó un papel con el que se dirigió a un banco, que le dio algo más de 300.000 euros, dinero con el que compró dos terrenos en Jaén y un piso en la calle San Luis de Sevilla.

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El antiguo conductor del ex alto cargo recibió hasta tres subvenciones públicas por importe de 1,3 millones de euros y además logró incluir a su madre en una póliza, por la que recibió otros 125.000 euros, tras falsificar su firma en el despacho del ex director general de Trabajo. Trujillo afirmó que fue el propio Guerrero quien le ofreció la posibilidad de concedérselas cuando ambos estaban en un bar de copas. "Me dijo 'tú crea una sociedad' y yo entendí que me invitaba a crear empresas ficticias", admitió en el interrogatorio.

Sobre la póliza que firmó a nombre de la madre, el ex chófer dijo que Guerrero le pidió un DNI de una persona adulta porque necesitaban "obtener liquidez" para droga. Con esta finalidad también llegó a efectuar sendos supuestos trabajos, a los que la juez se refirió como "facturas falsas", para las empresas Delphi y Dhul, por los que percibió 6.900 euros en cada uno y que, en el primero, consistió en "descargarse" una memoria económica de una página web, así como para Estudios Jurídicos Villasís, por 6.000 euros, y para un empresario de Córdoba al que facturó 78.000 euros. En total, el montante de estas facturas ascendió 97.800 euros.

Trujillo acudió por indicaciones de Guerrero en dos ocasiones en 2007 a Madrid para recoger dos sobres con dinero en metálico y que le entregó Antonio Albarrracín, responsable de Vitalia, uno de los brókers que operaba con la Junta en la tramitación de las pólizas. Uno de esos encuentros tuvo lugar a mediados de 2007 en la estación de Atocha y otra en octubre de ese mismo año, y en ambos casos le dieron un sobre de tamaño un folio doblado por la mitad y en cuyo interior había billetes grandes con un grosor de "dos dedos y medio". La acusación particular que ejerce el PP le preguntó a Trujillo si ese dinero para Guerrero "o para el PSOE", pero el ex chófer no respondió porque sólo contestó a las preguntas de la juez y del fiscal.

El ex chófer explicó a la instructora que él no entraba a las reuniones oficiales de Guerrero, pero sí le acompañaba a "tomar copas" a la salida y después le llevaba a su casa en la localidad de El Pedroso (Sevilla). Según Trujillo, Guerrero quedaba en los bares de copas para "despachar" los asuntos de la dirección general de Trabajo, ya que la jornada laboral de Guerrero consistía en que habitualmente a mediodía abandonaba la sede de la dirección general para ir a comer a un restaurante y después iba a tomar copas a un bar, donde despachaba los asuntos por la tarde.

El ex chófer dijo que llevó a Guerrero en dos ocasiones a despachar con el entonces consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, en una de las cuales salió "muy enfadado". Trujillo reconoció que se daba cuenta de que las ayudas se concedían a personas "cercanas a Guerrero o al PSOE" y ha precisado que el ex director de Trabajo "presumía" de la capacidad que tenía para conceder las subvenciones.

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