La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha aprobado en su última reunión celebrada el pasado miércoles, por amplia mayoría, la inclusión de los pastos mediterráneos dentro de la definición de pastos permanentes, cuya exclusión ha implicado hasta ahora fuertes penalizaciones sobre las ayudas europeas que reciben los productores.

La adopción de las enmiendas presentadas por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, a favor de modificar dicha definición supone el pleno reconocimiento de la dehesa española como beneficiaria de las ayudas de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), aunque esta medida tendrá que ser refrendada por el Parlamento.

La Comisión parlamentaria adoptó su dictamen sobre la propuesta de la Comisión Europea de revisión de los textos legislativos de la PAC, propuesta conocida como "ómnibus", y esa medida figuraba dentro de las principales demandas de España.

"La legislación europea actual sólo reconoce como pastos permanentes aquéllos en donde predominan los herbáceos, sin tener en cuenta las especies leñosas presentes en los pastos mediterráneos, lo que se ha traducido en un agravio comparativo entre el Sur y el Norte de Europa", indicó la eurodiputada del PP, Esther Herranz al término del voto.

Esa disposición se ha traducido "en penalizaciones injustificadas sobre los pastos leñosos, que además tienen un gran valor ecológico, lo que se contradice con el espíritu de la última reforma de la PAC, en la que se ha querido promover una mayor aportación del campo a los requisitos medioambientales de la sociedad".

La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo también rechazó que los países de la Unión Europea puedan aplicar de manera voluntaria la figura del agricultor activo para conceder subvenciones agrarias a partir de 2018, tal y como ha propuesto la Comisión Europea y han respaldado las capitales.

Tras el voto, la eurodiputada del PSOE Clara Aguilera ha celebrado el rechazo de la comisión europarlamentaria a que la definición de agricultor activo se aplique de forma voluntaria a partir de 2018.

"El afán de simplificar no debe dar al traste con uno de los aspectos más positivos de la última reforma", ha defendido la eurodiputada Aguilera.