Más de 200.000 estudiantes andaluces de 4º de Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de 3.100 colegios e institutos públicos, concertados y privados están llamados a realizar desde este martes las pruebas de diagnóstico convocadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Esta evaluación tiene como objetivo, según apunta la Junta de Andalucía, comprobar el dominio de las competencias del alumnado en comunicación lingüística (Lengua Castellana y Literatura y primera Lengua Extranjera) y Matemáticas. Los exámenes se realizarán los días 7, 8 y 9 de mayo.

La consejera Patricia del Pozo ha informado de que esta evaluación tendrá un carácter informativo, formativo y orientador para los centros, los docentes y las familias. Estas pruebas tratan de evaluar no sólo lo que el alumno sabe, sino lo que sabe hacer, cómo lo sabe hacer y en qué nivel de dominio lo sabe hacer, aplicado a situaciones y contextos diversos. Los centros docentes tendrán en cuenta los resultados de estas evaluaciones en el diseño de sus planes de mejora.

Estas pruebas de diagnóstico no son ninguna novedad para los andaluces. El gobierno autonómico socialista de Manuel Chaves ya desarrolló en 2006 unas pruebas similares pero dejaron de realizarse de manera generalizada hace una década ante las continuas críticas por parte de docentes y padres que no estaban de acuerdo con el proceso. Estas pruebas nunca han estado exentas de polémica, desde su origen hasta la actualidad. De hecho, el sindicato CGT pide a padres y profesores que boicoteen la convocatoria actual. 

"No hace falta gastar un dineral en estas pruebas. Señora consejera, pregunte a quienes trabajamos en los centros, ténganos en cuenta. Por si no sabe por dónde empezar: disminuya las ratios; aumente las plantillas de profesorado, PAS, PTIS, intérprete de lengua de signos, educadores sociales; cuide y mejore las instalaciones, reduzca la burocracia...", señalan desde CGT.

Desde UGT, por otro lado, reconocen que los docentes ya eran conocedores del retorno de estas pruebas por los reales decretos y decretos sobre la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y el currículum de Educación Secundaria Obligatoria publicados en 2022 y 2023 en el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. "Se está dando cumplimiento a una orden ministerial. Esto no es algo de la Junta, sino que viene de más arriba", afirma Rosario Amador, responsable del sector de Enseñanza del Servicio Público de Andalucía de UGT.

Alberto Barrios, secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla, comparte el espíritu y la finalidad de la actual ley educativa y de esta prueba de diagnóstico, que debe realizarse en todas las comunidades autónomas, y cree que las modificaciones realizadas con respecto a la ley anterior han permitido una "norma más equilibrada".

"La finalidad de la prueba actual pretende realizar un seguimiento educativo para mejorar y avanzar. No es una evaluación de final de etapa, como pretendía la ley anterior. Se quiere realizar un diagnóstico de la situación actual para tomar medidas correctivas", apunta Barrios.

No se reforzarán las plantillas

Estudiantes de un instituto de Jerez.

Tanto UGT como CCOO comparten la teoría de la nueva norma y la finalidad de la prueba, pero critican la falta de refuerzo para su desarrollo y la sobrecarga de trabajo a la que ya están sometidos los profesores. "Sobre el papel todo es muy bonito, el problema está cuando nos enfrentamos a la realidad", señala Alberto Barrios.

Para empezar, como recuerda Rosario Amador, de UGT, no está previsto que se refuercen las plantillas durante el desarrollo de las pruebas, que durarán tres días, ni para las correcciones de los exámenes y sus revisiones y el reporte de los datos al sistema Séneca. "El problema no es la prueba en sí, sino la burocracia que va a generar y la sobrecarga de trabajo que deberán asumir unos profesores que ya están de antemano agobiados. Ésta es la principal preocupación que nos transmiten los docentes".

Alberto Barrios, de CCOO, va más allá y se pregunta con qué recursos se van a poner en práctica las medidas correctivas que plantee el informe final de la prueba de diagnóstico.

"Es muy importante que se tomen medidas encaminadas a disminuir el fracaso y el abandono escolar temprano, así como medidas para mejorar la atención a la diversidad, sin embargo, no se contempla ningún tipo de refuerzo para bajar el ratio y así mejorar la calidad educativa", destaca Barrios. "Se necesitan recursos. Hay centros públicos sobrecargados que han visto reducidas sus plantillas en los últimos años tras la eliminación de aulas y ahora no van a contar con refuerzos ni para realizar las pruebas de diagnóstico ni para aplicar las medidas correctivas. Las plantillas están exhaustas".

La primera experiencia, en 2006

La primera vez que la Junta examinó de manera generalizada a sus alumnos fue en octubre de 2006. En esta primera edición participaron 185.000 alumnos de 5º de Primaria (10 y 11 años) y 3º de ESO (14 y 15 años) de 3.660 centros públicos, concertados y privados. Entonces, el gobierno autonómico socialista afirmaba que estas pruebas estaban diseñadas "para comprobar el nivel de competencias básicas adquirido por el alumno y contar así con información para la planificación educativa de cada centro". Se evaluaba la comunicación lingüística y los conocimientos en Matemáticas.

Andalucía fue la primera comunidad autónoma en desarrollar exámenes de estas características, algo que la Ley Orgánica de Educación (LOE), que entró en vigor a comienzos del curso 2006-2007, contemplaba como obligatorio para todo el país a partir del curso 2008-2009.

Los resultados de esta primera evaluación no fueron los esperados. Tres de los cuatro indicadores globales evaluados obtuvieron un suspenso de media, lo que reveló las carencias del sistema educativo.

La Junta utilizó una escala de seis puntos en la que la cifra que marcaba el límite entre el aprobado y el suspenso se fijó en el 3,5. Según esta escala, los estudiantes de 5º de Primaria obtuvieron una media de 4,45 puntos en Lengua (equivalente a un 6,9 si la escala utilizada fuera de 0 a 10) y un 3,43 en Matemáticas (que se traduciría en un 4,86 en la escala habitual de diez tramos).

En el caso de los alumnos de Secundaria, los resultados fueron peores: un 3,47 en Matemáticas (lo que equivale a un 4,94) y un 3,20 en Lengua (equiparable a un 4,4).

La titular de Educación de aquel momento, Cándida Martínez, se limitó a asegurar que las puntuaciones obtenidas reflejaban un nivel "moderado" en el dominio global de las competencias evaluadas.

A pesar de que esta primera Evaluación de Diagnóstico ya recibió algunas críticas por parte de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), principalmente, las pruebas se repitieron en 2007. En esta ocasión, se incluyó como novedad un examen de expresión oral. Éste tenía un carácter experimental, por lo que sólo participaron 8.000 alumnos de cerca de 400 colegios e institutos públicos.

En esta segunda edición, desde APIA criticaron "el bajísimo nivel de exigencia" de los exámenes. En opinión de este colectivo, "bastaba con saber leer y escribir un poco en español para superar las pruebas de Lengua con máxima puntuación".

A pesar de esta baja exigencia de los exámenes, los resultados fueron peores que en la primera edición. Los alumnos de Primaria pasaron de un 4,45 en comunicación lingüística a un 3,87 (escala de 1 a 6). Entre los alumnos de Secundaria, la nota en esta misma materia fue de un 3,81 y un 3,05 en Matemáticas.

Las pruebas se repitieron nuevamente en los años posteriores, pero las críticas no cesaban. En 2008, los resultados de los exámenes revelaron un empeoramiento en lectura, escritura y expresión oral de los estudiantes y la consejera de Educación de entonces, Mar Moreno, se mostró tajante: "Estos no son los resultados que queremos para nuestro sistema educativo".

Una niña de Primaria coloca su mochila en un perchero de su colegio.

La última vez que la Junta realizó estas pruebas de diagnóstico de manera generalizada fue en 2013. Aquel año, solo el primer día hubo incidencias en más de 80 centros educativos de Sevilla. Diferentes sindicatos convocaron paros durante las horas en las que estaba prevista la celebración de las pruebas y el 33% de los docentes sevillanos secundaron esta huelga. 

También hubo incidencias en Cádiz, donde 374 docentes secundaron el paro, y protestas en Málaga, Huelva y Granada. Hubo alumnos que entregaron sus exámenes en blanco, padres que no llevaron a sus hijos a clase, claustros que decidieron parar y, también, muchas presiones por parte de la Junta para que las pruebas salieran adelante.

El colectivo Marea Verde, en contra de los recortes de Educación, filtró varias pruebas con el fin de lograr su suspensión, pero la Junta continuó con el proceso.

Entre los motivos que alegaba Marea Verde para oponerse a estas pruebas estaban el coste que suponía (500.000 euros anuales, según el colectivo), el hecho de que las realizaba una agencia externa a la inspección pública y que sirviese para elaborar un ranking de centros educativos.

Once años después, el ambiente está más calmado, aunque las opiniones son diversas. Hay docentes que reconocen que la finalidad de las actuales pruebas de diagnóstico ha cambiado y comparten su espíritu, y otros se muestran en contra al considerarlas "unas pruebas estandarizadas que no tienen en cuenta el contexto del alumnado y cuyo objetivo es establecer una clasificación de centros".

Desde el sindicato CGT se posicionan en contra porque estos exámenes "perpetúan las desigualdades y fomentan la rivalidad entre plantillas y alumnado al no tener en cuenta el contexto del centro y de las familias y poner el foco únicamente en una nota final". Según este sindicato, se condena a quienes viven en entornos más desfavorecidos mientras se privilegia a quienes cuentan con un mayor nivel socioeconómico y cultural". Además, lo consideran "un derroche de dinero" que no logra mejorar la educación.

Por todos estos motivos, desde el sindicato piden a los padres que no lleven a sus hijos al centro educativo la primera hora de la mañana de los días que se va a realizar los exámenes para su boicot.

En qué consisten las pruebas de diagnóstico

Las pruebas tendrán lugar los días 7, 8 y 9 de mayo en más de 3.100 centros docentes.

El primer día se evaluará Lengua Castellana y Literatura; el segundo, Matemáticas; y el tercero, la primera Lengua Extranjera (Inglés, Francés o Alemán, según curse el alumnado).

La duración máxima prevista para cada área o materia será de 90 minutos, tanto en Primaria como en Secundaria, distribuidos en dos sesiones de 45 minutos cada una, separadas por un periodo de descanso de quince minutos.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que a juicio del Equipo de Orientación Educativa o del Departamento de Orientación del centro lo requiera, se permitirán determinados apoyos o adaptaciones, según las necesidades.